San Juan Chamula, Chiapas. Un amplio operativo de seguridad fue desplegado este fin de semana en el municipio indígena de San Juan Chamula, con el fin de garantizar la paz social durante una asamblea comunitaria que reunió a representantes de 158 comunidades tzotziles.
El dispositivo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Policía Estatal Preventiva, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En total, 347 elementos de seguridad participaron en las tareas de vigilancia y patrullaje, recorriendo la cabecera municipal y comunidades aledañas a bordo de 42 vehículos oficiales, incluyendo una unidad blindada.
Las acciones de seguridad se enfocaron en prevenir delitos, mantener el orden público y fomentar la proximidad social, en un contexto marcado por antecedentes de tensión y confrontación entre comunidades en la región.
Pese a estos antecedentes, la jornada transcurrió sin enfrentamientos ni actos de violencia, gracias a la coordinación interinstitucional y al enfoque de contención implementado por las fuerzas del orden.
Durante la asamblea, más de mil 500 personas participaron en la discusión de los procedimientos para la ejecución de obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, uno de los principales mecanismos de inversión pública en comunidades rurales.
El despliegue se da en un momento clave, ya que en San Juan Chamula los desacuerdos sobre la distribución de recursos, obras y usos y costumbres han derivado en el pasado en episodios de violencia comunitaria, con saldo de personas heridas, retenidas e incluso fallecidas.
La presencia de elementos de la Guardia Nacional y la Sedena tuvo un efecto disuasivo para garantizar el derecho a la participación comunitaria en un clima de respeto y gobernabilidad.
Este operativo se suma a los esfuerzos que realiza el gobierno estatal para blindar zonas de alto riesgo en Chiapas, como parte de una estrategia integral de prevención de conflictos y fortalecimiento del tejido social indígena.
La autoridad estatal ha reiterado su compromiso con el diálogo comunitario, pero también con el uso de la fuerza pública como mecanismo legítimo para evitar escaladas de violencia en regiones donde la autonomía se entrelaza con factores políticos y sociales complejos.
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