Salamanca, Guanajuato. – En la noche del 1 de octubre, un ataque armado a un centro de rehabilitación en la colonia El Rosario dejó un saldo trágico de cinco muertos y varios heridos. Los agresores, en busca de una persona vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, irrumpieron en el lugar donde se encontraban 36 internos, desatando una ola de terror que se extendería más allá de esa noche fatídica.
Mientras el Zócalo de la Ciudad de México celebraba un cambio de gobierno, en Guanajuato la realidad era otra: un comando armado disparó contra los internos y secuestró a la dueña y la encargada del anexo. En un intento desesperado, muchos de los internos lograron escapar, pero la violencia no cesó. Los agresores, al escapar en un vehículo rojo, arrojaron poncha llantas en su camino.
Dos días después, la pesadilla continuó. Los cuerpos de 12 personas, cuatro mujeres y ocho hombres, fueron encontrados en diferentes puntos de Salamanca. Algunos de los cadáveres estaban atados, otros en bolsas de plástico, todos con impactos de bala. Los cuerpos fueron abandonados en carreteras, campos y cercanías del jardín principal de Cerro Gordo, acompañados de mensajes que delataban la disputa entre cárteles, evidenciando el control territorial que se libra en la región.
El alcalde de Salamanca, Julio César Prieto Gallardo, no dudó en vincular este macabro hallazgo con el ataque al anexo, dejando claro que la violencia no se detiene. «Los sustrajeron de este lugar, y el día de hoy, lamentablemente, los arrojaron en distintos puntos», declaró. La suma de víctimas en esta ola de violencia ya alcanza los 17 muertos, en un octubre que se perfila como uno de los más sangrientos en la historia reciente de Guanajuato.
La fiscalía del estado reporta una alarmante cifra de 89 homicidios en solo cinco días, con 32 asesinatos registrados solo el 3 de octubre. Esta escalofriante estadística subraya la grave crisis de seguridad que atraviesa la entidad, donde alrededor de 300 centros de rehabilitación operan sin certificación oficial, convirtiéndose en caldo de cultivo para el reclutamiento de cárteles.
La historia de la violencia en Guanajuato no es nueva. En 2020, una masacre similar cobró la vida de 27 personas en Irapuato, donde el Cártel de Santa Rosa de Lima atacó un anexo buscando a un objetivo específico. Este ciclo de violencia ha sido ignorado, como lo demuestra el silencio de las autoridades y la falta de acción efectiva ante un problema que se ha arraigado profundamente en la sociedad.
En un contexto donde el gobierno federal ha intentado minimizar la situación, el hecho de que Guanajuato continúe siendo la entidad más violenta del país exige una respuesta contundente. No es suficiente con enviar militares; es imperativo que el gobierno asuma su responsabilidad y establezca estrategias efectivas para acabar con la pesadilla que enfrentan millones de mexicanos. La violencia en Guanajuato no solo es un problema estatal, es un reflejo de la incapacidad del gobierno para enfrentar a los grupos criminales y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
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