Ciudad de México.- Una investigación exhaustiva realizada por la DEA ha revelado información que sugiere una colaboración entre el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y importantes traficantes de cocaína durante su campaña presidencial de 2006. Según testigos, se canalizaron alrededor de $2 millones a la campaña a cambio de la promesa de que un futuro gobierno liderado por López Obrador toleraría las operaciones criminales del cartel.
Los informantes, que incluyen a un exoperativo de campaña y a un informante clave de drogas, afirman que el dinero fue entregado a asesores de campaña en 2006. Aunque la investigación no pudo establecer si López Obrador sancionó las donaciones, sí produjo evidencia de que uno de sus asesores más cercanos habría aceptado el acuerdo propuesto.
La DEA obtuvo una fuente interna valiosa cuando arrestaron al exoperativo de campaña en 2010 por cargos de drogas. Este informante proporcionó detalles sobre las donaciones de los traficantes, incluyendo grabaciones de conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, un cercano asesor de López Obrador, que, según el informante, participó en el plan.
A pesar de la evidencia, la investigación se enfrentó a desafíos legales y políticos. La corrupción arraigada en el narcotráfico en México dificultó la obtención de pruebas concluyentes. Además, muchos de los delitos relacionados con drogas tenían un plazo de prescripción de cinco años, y algunas de las acciones clave ocurrieron cuatro años antes del inicio de la investigación.
La administración de Calderón, informada de las acusaciones, optó por no impulsar un caso políticamente cargado antes de las elecciones de 2012. Sin embargo, la DEA encontró más apoyo en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que consideró que el caso valía la pena investigar.
La investigación se amplió al involucrar a un exoperativo de la campaña de López Obrador, Mauricio Soto Caballero, quien, según testigos, recibió entregas de dinero en efectivo para la campaña de 2006. Soto, después de ser detenido en una operación encubierta, cooperó con la DEA y se convirtió en una fuente confidencial.
La DEA, con la aprobación provisional de un comité de revisión de actividades sensibles, propuso una operación encubierta llamada «Operación Polanco». La agencia planeaba ofrecer $5 millones en efectivo a la campaña de López Obrador a cambio de promesas de no interferencia en las operaciones del narcotráfico. Sin embargo, el Departamento de Justicia cerró la investigación en 2011 debido a preocupaciones sobre la percepción de intervención estadounidense en la política mexicana.
Aunque no se ha demostrado la participación directa de López Obrador, estas revelaciones plantean preguntas incómodas sobre la relación entre el actual presidente mexicano y el narcotráfico, así como sobre su compromiso en la lucha contra el crimen organizado. El caso también destaca la difícil tarea de Estados Unidos para abordar la corrupción sistémica en México y la necesidad de rendición de cuentas para aquellos que protegen a los narcotraficantes.
Hasta el momento, el gobierno de López Obrador no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre estas acusaciones. La investigación plantea cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia del presidente en la lucha contra el narcotráfico y su compromiso con la cooperación internacional en esta materia.
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