El conteo fue realizado por un equipo del Centro ProDH a partir de un auto de libertad emitido por un juez en Tamaulipas
El equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) realizó un análisis a un auto de libertad emitido por el juez primero de distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas respecto al caso Aytozinapa, el cual fue dictado el 25 de octubre de 2018.
En él, se da cuenta de que las autoridades, principalmente las federales, encabezadas por Tomás Zerón de Lucio, quien dirigía la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Jesús Murillo Karam, que estuvo al frente de la PGR, incurrieron en 158 irregularidades mientras desarrollaban la investigación de la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero.
Las anomalías, ocurridas entre octubre y diciembre de 2014, se refieren a actos de tortura, dilación indebida en la puesta a disposición, detenciones ilegales por falsa flagrancia, incomunicación de los sospechosos y privación de una defensa adecuada, entre otras.
De las 83 personas detenidas, 58, es decir 70%, ya se encuentran en libertad por violaciones a sus derechos humanos, mientras que el resto no pudo hacerlo porque tiene otros procesos legales abiertos.
La Policía Federal Ministerial de la PGR participó en 53 detenciones; la ministerial de Guerrero, en 22. El resto las hicieron la Secretaría de Marina y la Policía Federal.
El análisis realizado por el organismo defensor de derechos humanos arrojó que la “detención ilegal por falsa flagrancia” fue la anomalía más cometida por las autoridades, pues se presentó en 48 ocasiones.
En segundo lugar están los “actos que atentan contra la integridad de una persona”, es decir, la tortura.
Al menos 27 personas sufrieron agresiones de ese tipo cuando las autoridades buscaban recopilar información sobre el paradero de los normalistas.
Se presume que el propio Zerón de Lucio habría sido cómplice en actos de tortura contra Patricio Reyes Landa, el Pato.
Pero otros personajes clave, también sufrieron vejaciones durante la investigación, algunos de ellos son: Jonathan Osorio Cortez, el Jona; Agustín García Reyes, el Chereje; los hermanos Miguel Ángel Ríos Sánchez, el Pozol, y Osvaldo Ríos Sánchez, el Gordo.
La misma suerte corrieron Carlos Pascual Jaimes, el Pollo; Ramiro Ocampo Pineda, el Chango; Raúl Núñez Salgado, el Camperra; David Cruz Hernández, el Chino; Darío Morales Sánchez, el Comisario; y Salvador Reza García, el Lucas.
Después de la falsa flagrancia y la tortura, el “exceso de los efectos jurídicos de una orden de presentación” fue la tercera irregularidad más cometida por las autoridades, al presentarse en 26 ocasiones.
Se refiere a que los sospechosos recibieron un citatorio para rendir su testimonio, pero cuando llegaron al Ministerio Público se les declaró formalmente detenidos, además, en algunas ocasiones, no tuvieron un abogado defensor.
La cuarta irregularidad, con 22 incidentes, fue la “detención ilegal por ordenarla de modo retroactivo”.
El equipo jurídico del Miguel Agustín Pro indicó que algunas detenciones por el caso Ayotzinapa no se hicieron en flagrancia, sino que la extinta PGR argumentó que el secuestro (con el cual se tipificó el caso) era permanente y que por eso se podía efectuar una captura en cualquier momento.
La quinta anomalía, con 15 incidentes, fue la “presentación no voluntaria” de los sospechosos ante el Ministerio Público, la cual ocurrió porque la PGR obligó a presentarse a declarar a algunos presuntos implicados en el caso.
El resto de las irregularidades son la dilación indebida en la puesta a disposición ante el Ministerio Público, con 13 casos; la privación de un abogado defensor, con seis, y la incomunicación, con uno.
De los detenidos actualmente, solo 35 tienen pruebas en contra que los involucran con el caso. El resto podría ser gente acusada de delitos no relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Los representantes del Centro ProDH aseguran que en México continúan investigándose delitos a través de la comisión de otros delitos y señalan que de esto han dado cuenta organismos defensores de derechos humanos no solo a nivel local, sino también internacional, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las cuales se manifestaron en la caso particular de la violación a los derechos humanos de los detenidos por el caso Ayotzinapa.
(Con información de El Universal)
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