REYNOSA, TAMAULIPAS.— La Fiscalía General de la República aseguró cerca de 3.8 millones de litros de hidrocarburos, pipas, tanques y equipo industrial dentro de una refinería clandestina localizada en Reynosa. El operativo fue presentado como un golpe contra el huachicol, pero terminó sin una sola persona detenida.
La ausencia de responsables contrasta con la cantidad de rastros que dejó la operación: un predio identificado, autorizaciones ambientales, empresas registradas, vehículos con razones sociales visibles y personajes que ya aparecían dentro de investigaciones federales.
La instalación operaba en la Quinta Campestre Las Magnolias, un terreno de aproximadamente 41 mil 851 metros cuadrados ubicado sobre la carretera interestatal El Becerro, dentro del Ejido Cavazos y a unos 1.5 kilómetros de instalaciones de la Guardia Nacional.
La ubicación exacta no fue revelada inicialmente por la autoridad militar. Sin embargo, esta investigación logró establecer el punto y documentó además la existencia de por lo menos otros cuatro lugares de interés en la misma zona, presuntamente relacionados con el almacenamiento o procesamiento de hidrocarburos.
Las imágenes satelitales permiten observar que las construcciones principales comenzaron a levantarse entre 2022 y 2023. No se trataba de una bodega improvisada: el complejo contaba con tanques, tuberías, accesos para unidades pesadas y capacidad para mantener una operación industrial.
El predio y la autorización de ASEA
Antes de la instalación de la planta, el terreno fue anunciado como “Quinta Las Magnolias” por McDonald Bienes Raíces y aparecía dentro de una oferta de predios comercializados desde 2021.
La documentación reunida señala además una autorización ambiental relacionada con Maytrack, S.A. de C.V., para instalar y operar en Quinta Las Magnolias una planta destinada a generar combustible alterno a partir de residuos peligrosos del sector hidrocarburos.
El permiso describía una capacidad máxima de procesamiento de hasta 7 mil barriles diarios y ubicaba expresamente el proyecto sobre la carretera El Becerro, en Reynosa.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente debe explicar qué inspecciones realizó, qué empresa apareció como responsable operativa, quién solicitó las modificaciones o prórrogas y por qué parte de la información relacionada con esos permisos fue reservada.
También debe aclararse por qué algunos registros mercantiles y actas vinculados con Maytrack dejaron de encontrarse en las consultas públicas. Parte de esa documentación fue respaldada previamente por esta investigación.
El entorno de los Carmona y el gobierno de Reynosa
La inmobiliaria que publicitaba los terrenos está relacionada con el entorno familiar de Diego Martínez McDonald, esposo de Karla Paola Luna González, exresponsable de Comunicación Social y posteriormente regidora dentro del gobierno municipal encabezado por Carlos Peña Ortiz.
Martínez McDonald ha sido señalado públicamente como sobrino de Sergio Carmona Angulo. Esa relación familiar, por sí sola, no acredita responsabilidad penal, pero obliga a revisar la ruta de comercialización del terreno y el conocimiento que pudo tener la autoridad municipal sobre las actividades realizadas en el lugar.
Los vínculos del grupo Carmona con las administraciones encabezadas por Maki Ortiz tampoco surgieron después del aseguramiento.
Durante esa administración, el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes tuvo entre sus proveedores a Grupo Industrial Permart, empresa relacionada con Julio César Carmona Angulo, hermano de Sergio Carmona. También aparece Industrial Joser dentro de la documentación revisada.
Las contrataciones, los proveedores y la situación jurídica de los terrenos pueden rastrearse en expedientes públicos y sesiones del Cabildo de Reynosa. Por ello, el Ayuntamiento debe abrir los archivos de Desarrollo Urbano, uso de suelo, subdivisiones, licencias de construcción, accesos y servicios del predio.
Las pipas de Marvic
En la instalación asegurada fueron observadas unidades con la razón social Marvic.
El nombre de esa empresa ya había aparecido en señalamientos e investigaciones relacionados con el traslado y comercialización irregular de combustibles. Además, el vínculo público con el poder municipal quedó registrado desde 2020.
Ese año, Carlos Peña Ortiz agradeció a un representante de Marvic Petroleum la entrega de mil despensas. La imagen del encuentro fue difundida también desde las redes de Maki Ortiz y posteriormente dejó de estar disponible.
Una donación no prueba por sí misma la comisión de un delito. Pero ante la aparición de unidades de la misma empresa dentro de un predio asegurado por huachicol, la relación debe investigarse y transparentarse.
La FGR debe informar quién era propietario de los vehículos, quién los conducía, qué rutas cubrían y por qué esas unidades no llevaron hasta ahora a ninguna persona ante un juez.
La FGR ya investigaba el dinero
El dato más delicado aparece en el Diario Oficial de la Federación.
El 19 de junio de 2026 fue publicado un edicto correspondiente al juicio de extinción de dominio 23/2026-VI, promovido por agentes del Ministerio Público Federal sobre 21 millones 883 mil 921 pesos con cinco centavos.
El procedimiento está relacionado con la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000523/2025 y con el expediente de extinción de dominio FED/FEMED/FEMED-CDMX/0000178/2025.
Entre las personas y empresas demandadas aparecen José Víctor Pablos Vélez e Hidrocarburos Jauga, S. de R.L. de C.V. El edicto señala que el numerario se presume relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pablos Vélez también aparece en documentación societaria relacionada con empresas del sector de hidrocarburos revisada para este trabajo.
El juicio de extinción de dominio no equivale a una sentencia penal ni demuestra, por sí mismo, que el dinero proceda de la refinería asegurada. Pero confirma que la FGR ya tenía nombres, empresas y recursos bajo investigación antes del operativo en Quinta Las Magnolias.
Millones de litros y ningún detenido
El aseguramiento dejó a la vista una operación que necesitó terreno, inversión, maquinaria, energía, transporte, personal, permisos y protección logística.
Una planta de esas dimensiones no funciona en secreto absoluto. Alguien adquirió o arrendó el terreno; alguien gestionó permisos; alguien construyó; alguien suministró los residuos o hidrocarburos; alguien contrató las pipas y alguien recibió el producto procesado.
Pese a ello, la autoridad federal no informó de detenciones ni vinculaciones a proceso relacionadas directamente con la instalación.
La pregunta ya no es solamente quién operaba la refinería.
La pregunta es por qué, si la FGR ya investigaba personas, empresas y millones de pesos, terminó asegurando las instalaciones, pero dejó intacta la estructura humana y financiera.
La presunción de inocencia debe respetarse. Ninguna relación familiar, comercial, política o societaria sustituye una resolución judicial. Pero esas relaciones existen, están documentadas y deben ser esclarecidas.
La FGR, ASEA y el Ayuntamiento de Reynosa tienen que responder:
Quién era el propietario y operador real de Quinta Las Magnolias; quién autorizó la construcción y el uso industrial; quién era dueño de las pipas; qué relación tenían Maytrack y Marvic con la operación; y por qué después de asegurar 3.8 millones de litros no hubo una sola persona detenida.
La refinería fue asegurada. Los responsables siguen sin aparecer.
Descubre más desde México Rojo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
