Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas fue interpuesta un denuncia por el presunto delito de peculado por un monto de 71 millones de pesos en contra de la ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, el ex tesorero municipal, Édgar Ánimas del Ángel y Edgardo Benítez Zamora, quien se desempeñó como cajero de la tesorería municipal durante la administración 2016-2018.
En su carácter de representante legal del Ayuntamiento de Tampico, el Lic. César Alberto Bonilla Andrade fue el encargado de presentar la querella ante la representación de justicia en el Estado con base en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
En la denuncia, el funcionario señala que existe la documentación probatoria necesaria para determinar la probable participación de la ex alcaldesa porteña y sus colaboradores, en el desvío de recursos por la cantidad expresada en perjuicio del erario público.
Recordó que derivado del proceso de entrega-recepción para la nueva administración municipal y en base a la auditoría practicada al gobierno saliente, se detectaron diversas irregularidades que en su conjunto suman un monto superior a los 71 Millones de pesos, de los cuales no existe documentación comprobatoria que demuestre que dichos recursos fueron aplicados para pagar a personal y colaboradores del municipio de Tampico.
Bonilla Andrade detalla que la suma se obtiene de los recursos transferidos a la cuenta personal del cajero de la tesorería (Benítez Zamora) y su posterior dispersión, sin que exista el respaldo comprobatorio de estos gastos que mensualmente oscilaban entre los 2.5 y los 4 millones de pesos.
Explica que del periodo comprendido del mes de octubre a diciembre de 2016 existen irregularidades por cerca de 9 millones pesos; en tanto que durante todo el 2017 la suma desviada fue de casi 38 millones de pesos y en el último año de la administración de Peraza Guerra el monto rebasó los 24 millones de pesos, dando en total los $71,208,169.53 indicados en el documento.
El apoderado general del ayuntamiento porteño solicitó a la representación judicial dar inicio con las indagatorias correspondientes para determinar la presunta comisión del delito y actuar en consecuencia.
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