Fuentes locales consultadas por este medio aseguran que el complejo comenzó a construirse hace aproximadamente cuatro años.
También sostienen que unas instalaciones de la Guardia Nacional se encuentran a alrededor de 500 metros del lugar y afirman que la operación habría contado con protección.
Esa última versión es grave y, hasta ahora, no está acreditada públicamente por la FGR. Por esa razón no puede presentarse como una responsabilidad comprobada de la corporación ni de sus elementos.
Pero sí existe un dato documental que obliga a profundizar.
El registro de obra pública del Ayuntamiento de Reynosa consigna que durante 2023 se destinaron 3 millones 483 mil 304 pesos para la perforación de un pozo profundo, la instalación de una bomba sumergible y una red eléctrica destinada a instalaciones de la Guardia Nacional ubicadas en la Carretera Interestatal El Becerro y el Libramiento Reynosa Sur II.
El documento municipal confirma la presencia de instalaciones federales en el mismo corredor territorial.
No demuestra por sí mismo que el cuartel se encuentre exactamente a 500 metros del predio asegurado. Tampoco acredita protección institucional.
Sin embargo, vuelve indispensable que la Fiscalía determine públicamente la distancia real mediante coordenadas, planos catastrales e imágenes satelitales.
Si las instalaciones se encontraban tan cerca como sostienen los testimonios, la pregunta será inevitable: ¿cómo pudieron entrar y salir pipas, tractocamiones, tanques y maquinaria pesada sin despertar sospechas durante años?
La Guardia Nacional aparece en el expediente como la corporación que elaboró el informe mediante el cual se pusieron los indicios a disposición del Ministerio Público.
La actuación final debe reconocerse.
Lo que no puede hacerse es utilizar el cateo para borrar todas las preguntas anteriores.
La investigación debe establecer cuándo fue detectado el inmueble, quién dio el primer aviso, cuánto tiempo estuvo bajo vigilancia, cuántas unidades ingresaron, qué matrículas portaban y por qué no hubo intervención antes.
También debe aclararse si existieron reportes ciudadanos previos, sobrevuelos, patrullajes, inspecciones carreteras o alertas de inteligencia sobre el movimiento de autotanques en la zona.
Resulta indispensable revisar:
- El propietario real y los anteriores propietarios del predio.
- Los permisos de construcción y uso de suelo.
- Los contratos de suministro eléctrico.
- El consumo histórico de energía.
- Las concesiones de agua.
- Los registros de las pipas y tractocamiones.
- Las empresas propietarias de los tanques.
- Los números de serie de las motobombas.
- La información contenida en las seis computadoras.
- Los teléfonos localizados en el inmueble.
- Las transferencias bancarias relacionadas con su operación.
- Las cámaras carreteras y arcos de vigilancia del sector.
- Las comunicaciones entre operadores, compradores y autoridades.
Ahí está la ruta del dinero.
Ahí aparecerán los nombres.
El huachicol industrial no se investiga únicamente midiendo los litros encontrados. Se investiga siguiendo facturas, permisos, pedimentos, placas, cuentas bancarias, llamadas y relaciones políticas.
La FGR no informó en su comunicado el nombre del dueño del terreno, la razón social operadora, la procedencia del combustible ni la existencia de personas detenidas.
Tampoco explicó quién compraba el producto o a dónde era trasladado.
Mientras esos datos permanezcan ocultos, el aseguramiento será importante, pero estará incompleto.
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