Desde Bogotá, el tono se eleva cada vez más; mientras que La Habana se mantiene inamovible.
Colombia y Cuba viven un momento de tensión que está en incremento y el origen de todo es el atentado con carro bomba del pasado jueves 17 de enero en Bogotá que provocó 21 muertos.
Aquel incidente, atribuido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), orilló al presidente Iván Duque a solicitar a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel que entregue a los 10 de los miembros de la guerrilla que se encuentran en la isla en calidad de negociadores de paz.
La comisión negociadora es encabezada por Pablo Beltrán y cuenta con seis integrantes (tres de ellos mujeres), además de tres delegados que no son negociadores directos.
Esta situación colocó a los dos países en una disputa, pues mientras Bogotá exige una entrega directa para arrestar a los guerrilleros, La Habana insiste en que se ceñirá a un protocolo secreto firmado entre el gobierno colombiano y el ELN en caso de la ruptura de los diálogos y que protege a la delegación.
Según los analistas, son múltiples los desenlaces que puede tener este episodio, sin embargo, también se advierte que el reclamo del gobierno de Duque puede traer consecuencias negativas al país en el futuro.
El reclamo colombiano
En abril de 2016, la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional llegaron a acuerdos que permitieron la instalación de la mesa de diálogos de paz que empezó a funcionar a principios del año siguiente.
Entre lo pactado, se firmó un protocolo «en caso de la ruptura de la negociación» en el que se estableció que sucedería con los delegados del ELN ante un rompimiento.
Sin embargo, tras el atentado en una escuela de policías, el gobierno colombiano sostiene que ese documento «no ampara al terrorismo».
«Este atentado no tiene justificación alguna y está siendo calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un acto terrorista. No puede haber ninguna manifestación de perdón o amparo con un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal», dijo el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, este lunes en conferencias de prensa.
La autoridad añadió que «el gobierno nacional no puede permitir que los responsables de este acto terrorista regresen a las filas del ELN y se internen en las selvas de Colombia para huir de la justicia».
Similares pronunciamientos fueron realizados por Iván Duque y el canciller, Carlos Holmes Trujillo, quien ya envió notas diplomáticas a La Habana en ese sentido.
De hecho, el mandatario señaló que el protocolo no tiene reconocimiento porque su gobierno no fue parte del diálogo emprendido por su predecesor con la guerrilla.
Un día después del atentado, Duque fue quien anunció la reactivación de las órdenes de captura de los 10 negociadores y la entrada en vigencia de la circular roja de Interpol para los mismos.
La disputa por el protocolo
Cuba ha hecho escuetos pronunciamientos desde que Duque pidió a la isla que les entregue a los guerrilleros de manera directa.
Este lunes, el canciller caribeño Bruno Rodríguez reafirmó que su país «actuará en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el protocolo en caso de ruptura» y que se encuentra en consultas con las partes y los países garantes (Brasil, Chile y Noruega).
El acuerdo de 11 puntos, que se mantuvo en secreto todos estos años y se hizo público el lunes, señala que el retorno de los negociadores a Colombia debe acordarse entre las partes junto a los países garantes.
El documento dispone las medidas para que la «inserción en territorio colombiano» sea garantizada por el gobierno con la suspensión de actividades militares en la zona que llegue a ser elegida.
Incluso establece que un miembro del equipo gubernamental acompañará a los delegados de la guerrilla como una garantía.
El último punto señala que el espíritu del protocolo es «garantizar la seguridad de la delegación del ELN».
El ELN, a través del jefe de su equipo de negociadores, Pablo Beltrán, señaló que esperan que se cumpla lo estipulado en el protocolo.
«Se estipularon garantías para que el ELN vuelva a sus zonas y hay estados que avalan eso y esperamos que el gobierno dé las garantías para el retorno», dijo desde La Habana.
Beltrán afirmó que «lo que avanza un gobierno debe tener continuidad con el otro».
Cuestionamientos
La experta en relaciones internacionales Sandra Borda sostiene que la postura del gobierno colombiano de no acreditar el protocolo puede ser un «gran error».
«Los compromisos internacionales siempre se adquieren en condición de Estado y no de gobierno. El respeto a esos protocolos es fundamental para mantener la confianza de la comunidad internacional en el estado colombiano», señaló la experta.
Borda añadió que esta postura puede ser un «muy mal precedente» cuando Colombia vuelva a buscar el apoyo de países garantes en la comunidad internacional.
«Como respuesta al ataque terrorista se vale todo, incluso violar compromisos internacionales respaldados por países garantes», criticó la analista.
Mientras, en criterio de Frank Pearl, parte del equipo negociador de la administración de Juan Manuel Santos, lo pactado debe respetarse pese a lo sucedido.
«Lo que hizo el ELN no tiene ninguna justificación, pero los protocolos están hechos para que cualquiera sea el caso de una ruptura haya unas normas mínimas que se cumplan», afirmó Pearl.
El político, en entrevista con radio RCN, añadió que se trata de un «compromiso de Estado» y que además existen otros estados involucrados como garantes.
«De lo contrario sería imposible sentarse la mesa con un enemigo», señaló en referencia a la importancia del protocolo.
Fuente: bbc.com
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