Por: Staff México Rojo
Con información de: The Los Angeles Times y Puente News Collaborative
(Reporte original de Los Angeles Times con la contribución de Cecilia Sánchez Vidal desde la corresponsalía de la Ciudad de México)
CIUDAD DE MÉXICO. — El gobierno de Estados Unidos se encuentra investigando a dos destacados gobernadores mexicanos en funciones, según informaron múltiples fuentes. Este movimiento representa una expansión en la estrategia de la administración del presidente Donald Trump contra altos funcionarios sospechosos de mantener nexos con el crimen organizado, una postura que amenaza con tensar aún más las ya difíciles relaciones bilaterales y presionar al partido gobernante en México.
Tradicionalmente, Washington evitaba abrir procesos contra políticos en activo para concentrarse en los líderes de los cárteles. Sin embargo, tras la captura, muerte o entrega de los capos más notorios, el enfoque estadounidense ha girado hacia los servidores públicos y jefes policiales que presuntamente brindan protección a estas redes.
Los gobernadores señalados y la revocación de visas
De acuerdo con fuentes cercanas a los casos, las autoridades estadounidenses revocaron las visas de los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas), ambos miembros clave del partido oficialista Morena.
Alfonso Durazo (Sonora): El exsecretario de Seguridad Alfonso Durazo, de 71 años, está bajo investigación por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Según las fuentes, su visa fue cancelada el año pasado; no obstante, viaja a EE. UU. de manera regular para recibir atención médica especializada bajo un permiso humanitario conocido como Significant Public Benefit parole (Permiso de Beneficio Público Significativo). Este esquema suele otorgarse a personas que aportan información o testifican ante un gran jurado. La oficina del gobernador de Sonora no emitió comentarios al respecto.
Américo Villarreal (Tamaulipas): La investigación en contra del gobernador de 68 años está relacionada con el contrabando de combustible robado, actividad ilícita conocida en México como huachicol. Las fuentes indicaron que Villarreal también cuenta con el mismo permiso especial (parole) y que frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses al cruzar la frontera.
La respuesta oficial: Mediante un comunicado, el gobernador Villarreal rechazó categóricamente los señalamientos, calificándolos de falsos, sesgados y carentes de pruebas, reafirmando que su trayectoria pública se ha conducido con total apego a la ley.
Reacción de la presidencia y fricciones diplomáticas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cerrado filas con los mandatarios estatales y ha calificado las recientes investigaciones de la justicia norteamericana como una violación a la soberanía nacional y una estrategia de interferencia política de cara a los procesos electorales de ambos países (las intermedias de 2026 en EE. UU. y las de 2027 en México).
Esta situación se suma a los cargos criminales presentados en abril por el Departamento de Justicia de EE. UU. contra Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa) y otros nueve funcionarios, acusados de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar el tráfico de drogas, incluido el fentanilo. Ante la petición de extradición de Rocha Moya realizada por Washington, Sheinbaum ha sido tajante en que su gobierno no cederá a las presiones externas.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó en su cuenta de X que el combate a los cárteles debería ser un motivo de unión y no de disputa política. En respuesta directa, la mandataria mexicana instó al diplomático a no intervenir en asuntos domésticos, sentenciando que «los asuntos de México corresponden a los mexicanos».
Presión interna en el partido oficial
El endurecimiento de la política exterior estadounidense ocurre en un momento crítico, a las puertas de la revisión del tratado de libre comercio (T-MEC) y con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2027 en México, donde se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
A pesar de la postura de rechazo público hacia las acusaciones estadounidenses, el reporte de The Los Angeles Times señala que de manera privada existe incertidumbre y preocupación dentro de las filas de Morena. Fuentes internas apuntan a que la presidenta Sheinbaum ha exhortado en privado a los miembros del partido a dejar sus cargos si se encuentran involucrados en actos de corrupción, buscando evitar que los escándalos afecten las mayorías del partido en las próximas contiendas.
La estrategia de cancelación de visas, ejecutada de manera discreta por el Centro Nacional Contraterrorismo de EE. UU. tras catalogar a los cárteles bajo criterios de organizaciones terroristas, habría afectado ya a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos durante el último año, entre ellos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien en su momento confirmó la pérdida de su documento y negó cualquier nexo criminal.
Nota de crédito: Esta información es una adaptación en español del reporte exclusivo publicado originalmente por The Los Angeles Times en coedición con Puente News Collaborative (organización de periodismo bilingüe sin fines de lucro enfocada en la frontera entre México y EE. UU.).
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