Tras el enfrentamiento armado ocurrido el pasado domingo en la frontera de La Mesilla, donde cuatro presuntos delincuentes fueron abatidos por fuerzas de seguridad mexicanas —identificadas como «Pakales»—, nuevas revelaciones han encendido las alarmas sobre posibles vínculos entre el crimen organizado y estructuras gubernamentales en Guatemala.
Una de las camionetas utilizadas por los agresores, una Toyota Land Cruiser, está registrada a nombre de DS Guatemala S.A., una empresa que figura como proveedora oficial de la Municipalidad de Chiquimula desde diciembre de 2024. La información fue confirmada por medios guatemaltecos, quienes accedieron a los registros públicos del Departamento de Tránsito.
Además del vehículo corporativo, otros automóviles involucrados en el hecho —incluyendo unidades con blindaje— están registrados a nombre de particulares identificados como Héctor Adonis Hidalgo Lucas y Pascual López Morales, cuyas actividades ahora están bajo revisión por parte de autoridades mexicanas y guatemaltecas.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas aseguró cuatro vehículos, tres de ellos blindados, así como armamento de alto calibre y chalecos antibalas, como parte del aseguramiento derivado del enfrentamiento.
Mientras tanto, el alcalde de Chiquimula, José René Pinto España, se deslindó de toda relación con la empresa involucrada. “No sé nada”, dijo ante la prensa local. Pero el silencio institucional ya resulta ensordecedor, y la pregunta resuena tanto en Chiapas como al otro lado de la frontera:
¿Estamos ante una red de protección oficial al crimen transnacional?
Las investigaciones apenas comienzan, pero el hallazgo de vehículos ligados a contratistas municipales en manos de un grupo armado en zona fronteriza plantea un escenario preocupante: la posible colusión entre estructuras públicas y bandas criminales que operan entre México y Guatemala, usando recursos legales como pantalla.
El cruce entre política, crimen y territorio vuelve a ponerse en evidencia. Y esta vez, la ruta del dinero y de los vehículos apunta hacia el corazón de una administración municipal en Guatemala.
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