México.- En la región sureña de Chihuahua, un oscuro entramado de poder y corrupción ha salido a la luz, apuntando directamente a Alfredo «El Caballo» Lozoya, exlíder estatal de Movimiento Ciudadano y próximo diputado federal por dicho partido. La DEA ha iniciado una investigación que vincula a Lozoya con el cártel de «Los Salgueiro», también conocido como “Gente Nueva”, una facción criminal asociada con «Los Chapitos» y especializada en el tráfico de fentanilo y otros delitos. Lozoya habría sido detenido en enero de 2022 en Nuevo México, por falsificar registros de una aeronave, aunque fue liberado tras pagar una fianza de 500 mil dólares.
Según información preliminar, Lozoya Santillán adquirió una aeronave en 2014, que habría registrado de manera ilícita en Estados Unidos a nombre de Luis Rubén Chávez, presunto prestanombres del excandidato a gobernador. Desde entonces, la Agencia Antidrogas (DEA) y la Agencia de Investigación Nacional (HSI), junto a otras agencias, iniciaron una investigación para rastrear diversas conexiones.
De acuerdo con testigos protegidos por la DEA, Lozoya ha tejido una red de corrupción que abarca municipios como Matamoros, Parral, Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Valle de Allende, Villa Coronado y Villa López. Estos territorios, controlados por el cártel «Gente Nueva», también conocido como “Los Salgueiro» —grupo criminal bajo las órdenes de «Los Chapitos»— han sido epicentros de actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, personas y lavado de dinero.
La DEA ha documentado cómo Lozoya, bajo la fachada de empresario minero y político, utiliza avionetas para el transporte de drogas dentro de México, particularmente desde Culiacán hacia Matamoros. En uno de los incidentes más recientes, una avioneta proveniente de Culiacán se estrelló cerca de Matamoros con un cargamento de cocaína, tras ser perseguida por fuerzas federales en el que se relaciona a Lozoya y a un líder criminal que actualmente se encuentra preso. Estos eventos, según la investigación, son solo la punta del iceberg de una operación criminal sofisticada y bien conectada.
Esto se intensificó con la detención de Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López, tras verificar la existencia de avionetas con matrículas clonadas, donde «El Salgueiro» tenía experiencia.
Violencia y control político
El poder de Lozoya no se limita al narcotráfico. Durante su tiempo como alcalde de Parral, su administración se caracterizó por la violencia, la represión y el control absoluto sobre la economía local. Las constructoras y otros negocios estratégicos eran monopolizados por su círculo cercano, mientras que cualquier voz disidente era silenciada de manera brutal. Un ejemplo claro de su modus operandi fue el reciente ataque en el Lienzo Charro, donde tres policías municipales, bajo sus órdenes, golpearon al hijo de un excandidato del PRI, en un acto que refleja la impunidad con la que operaba Lozoya.
Además, la DEA ha señalado que Lozoya está relacionado con varios asesinatos, incluyendo el del empresario Uriel Loya, presidente de Coparmex en Parral, quien se interponía en sus ambiciones políticas. También se le acusa de haber ordenado la desaparición de personas y de estar vinculado con la tortura y asesinato del abogado Víctor Terrazas Olivas. En ese mismo contexto, se señala que el próximo diputado entregó a José Bryan «El Menor», quien fue capturado por elementos de la Sedena, con apoyo de agentes de la DEA junto a otras dos personas en la entrada de la parroquia conocida como la Iglesia del “Padre Cuco” en Culiacán, mientras se celebraba un bautizo en febrero de 2022. José Bryan, alias «El Menor», presunto operador del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, fue aprehendido por secuestro agravado cometido en 2020. Otras de las entregas que ha realizado para evitar ser detenido es la de Efrén Salgueiro conocido como “El Maniaco” el 5 de febrero de 2022; ambas detenciones realizadas pocos días después de que Lozoya fuera liberado por la DEA.
Nombres y complicidades
La investigación de la DEA no solo se enfoca en Lozoya, sino que también ha destapado una red de complicidades que incluye a varios políticos y empresarios. Entre los implicados están Jesús Enrique Peña, quien fue reelegido como alcalde de Matamoros; Rubén Rafaél Barrón, exalcalde de Matamoros y aliado de Lozoya; Juan Talamantes Bosques, exdirector de seguridad pública de Matamoros; y Ricardo Salcido, candidato a la presidencia municipal de Santa Bárbara. Estos individuos, según la DEA, han facilitado las operaciones del cártel en la región, permitiendo el libre tránsito de drogas y personas a través de la frontera con Estados Unidos.
El caso de Alfredo «El Caballo» Lozoya es un ejemplo alarmante de cómo el crimen organizado ha infiltrado las esferas políticas en México, ahora también desde Movimiento Ciudadano, controlando territorios enteros y sometiendo a la población a un estado de miedo constante. A medida que la investigación avanza, las implicaciones de estos vínculos podrían tener repercusiones significativas, no solo en Chihuahua, sino en todo el país.
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