Un magistrado federal comentó y denunció que fue presionado por Carlos Alpízar, exmano derecha de Arturo Zaldívar, para poder cerrar procesos judiciales en un fraude por más de $2 mil 500 millones de pesos en la ya extinta Policía Federal, con el argumento de que “las reformas” dependían de eso; ya que en ese momento, el Congreso discutía la llamada “Ley Zaldívar”.
El exministro Arturo Zaldívar y su mano derecha, Carlos Alpízar, intentaron cerrar procesos judiciales en un fraude por más de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal, de acuerdo con un magistrado federal que presentó una nueva denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con el respaldo de grabaciones telefónicas, que fueron difundidas por N+, el magistrado probó presiones y castigos del círculo cercano del exministro a su persona entre 2020 y 2021, años en los que se desarrollaban las investigaciones del fraude en la Policía Federal. Mientras que el Congreso de la Unión discutía la llamada Ley Zaldívar, para ampliar el mandato del expresidente de la Corte, que fue avalada el 23 de abril de 2021, y luego declarada inconstitucional por el pleno de la SCJN.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la trama tenía a dos personajes clave: Jesús Orta Martínez, exsecretario general de la Policía Federal y secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la misma corporación policial y cercana al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En su investigación, la FGR señaló a ambos personajes y otros involucrados por presuntamente recibir diversos cheques por miles de millones de pesos entre 2013 y 2014, cantidades que fueron realizadas con cargo a cuatro cuentas de la partida “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” de la Policía Federal. Es decir, dinero del erario público.
Si bien Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, consiguieron intervenir en la resolución de diversos amparos referentes al caso, este sigue abierto (aunque sin detenidos), mientras que ellos podrían enfrentar diversas investigaciones por faltas administrativas graves ante la SCJN y el CJF. Aquí la historia.
El fraude multimillonario
A inicios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectó un desvío de recursos por 2 mil 500 millones de pesos por diversas compras irregulares realizadas dentro de la Policía Federal durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Por esta razón, el 7 de agosto de 2020, a petición de la FGR, un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez libró una orden de aprehensión en contra de 19 funcionarios de la extinta Policía Federal relacionados a dicho megafraude.
La orden de aprehensión fue girada por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y crimen organizado, debido a que el presunto desvió de recursos ocurrió en la partida “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” de la PF.
Según la investigación de la FGR, Jesús Orta Martínez, exsecretario general de la Policía Federal, formó parte de la lista de funcionarios beneficiados, quien incluso tuvo que renunciar a su puesto luego de que se diera a conocer la investigación abierta en su contra
“Si hay cualquier investigación a quienes hayan sido funcionarios de la ciudad me parece fundamental que se conozca toda la verdad y que haya justicia. En el caso de esta persona que fue secretario de Seguridad Ciudadana supimos en su momento que había una investigación y fue una de las razones por las cuales el funcionario pidió su renuncia”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa en 2020.
De manera particular, la FGR señaló a Orta Martínez por presuntamente haber recibido 99 cheques por 754 millones 661 mil 50 pesos entre los años 2013 y 2014.
En dicha causa penal (239/2020) también se mencionaba a Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la misma corporación policial y exmano derecha del exsecretario de gobernación, Osorio Chong, a quien la FGR señaló de igual forma de recibir diversos cheques con dinero del erario público.
De manera específica, la FGR aseguró que la exfuncionaria recibió 147 cheques por mil 764 millones 956 mil 64 pesos, con cargo a cuatro cuentas de la partida antes mencionada.
Esta situación llevó a que meses después la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera una ficha roja para encontrar a ambos exservidores públicos. Ante esta situación, tanto Orta como Martínez promovieron diversos juicios de amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra.
El caso de Frida Martínez Zamora
En su denuncia, el ahora magistrado Alberto Roldán Olvera relató que fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpízar y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una resolución a modo en un amparo presentado por Frida Martínez, acusación que fue acompañada por las grabaciones, que luego transmitió N+.
Los expedientes judiciales del caso arrojan que en efecto el 31 de agosto de 2020, Martínez Zamora junto con su compañera Mercedes Hernández Rodríguez presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra de la orden de aprehensión girada en su contra el 7 de agosto de 2020.
En su escrito inicial, Martínez Zamora relató que “al acudir por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas, tuvimos conocimiento por familiares y amigos que, en diversos inmuebles ubicados en el Segundo Circuito Judicial, personas que se ostentaron como agentes policiales -sin especificar corporación- han estado investigando entorno a los domicilios, horarios y actividades de las suscritas, so pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión”.
De esta forma, el 1 de septiembre de 2020 el recurso fue ingresado al Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que en ese entonces estaba bajo la titularidad del juez Alberto Roldán Olvera.
De acuerdo con la denuncia que presentó Roldán Olvera hace unos días contra Zaldívar y su círculo cercano, fue en noviembre del 2020 cuando recibió una primera invitación para comer del magistrado Constancio Carrasco, quien le indicó que tendría que ir a la oficina de Alpízar, ubicada en el piso 14 de edificio del CJF, para hablar del caso de Frida Martínez.
Luego de una serie de trámites judiciales dentro del juicio de amparo, el 3 de diciembre de 2020, el juez negó a Frida Martínez la suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión al considerar que se trataba de un acto con “carácter de consumado”.
Sin embargo, concedió la suspensión provisional “para el efecto de que no se ejecute la orden de captura reclamada”, al considerar que las autoridades de la Guardia Nacional que pretendían ejecutar dichas órdenes de aprehensión eran “autoridades que constitucional y legalmente carecen de facultades” para ello. Ambas decisiones quedaron firmes días después, el 10 de diciembre de 2020, cuando el juez decidió resolver en el mismo sentido sobre las suspensiones definitivas.
Luego de esta resolución, según el relato de Roldán, ocurrió la primera de cinco reuniones en el piso 14 del CJF, misma que se realizó el 14 de diciembre de 2020. Según la relatoría del ahora magistrado, desde antes sabía por comentarios de otros jueces que ahí quitaban el celular antes de entrar, por lo cual decidió llevar una grabadora oculta.
“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”, dice uno de los audios revelados por el equipo de N+.
De esa forma Alpízar Salazar dejó en claro que la resolución de este caso era vital para el Poder Judicial.
“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”, mencionan en otro de los audios.
Por aquellas fechas, en diciembre de 2020, en el Congreso de la Unión se discutían temas como la reforma a la Ley del Poder Judicial de la Federación, también llamada Ley Zaldívar debido a que en ella se incluía una extensión al mandato del entonces ministro presidente de la Corte, así como la discusión de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO.
Según la denuncia de Roldán, luego de diversas reuniones, las presiones llegaron a tal nivel que días previos a la audiencia del caso le pidieron que diera celeridad al asunto aun cuando ya tenía planeadas sus vacaciones; llamadas que al paso de los días también se convirtieron en amenazas que relacionaban a miembros de su familia, quienes trabajaban también en el Poder Judicial.
Finalmente, según los registros judiciales del amparo, el 16 de febrero de 2021, el juez Roldán llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional en la que tomó una decisión final.
Sin embargo, debido a que el 8 de abril de 2021 Frida Martínez solicitó que el juez Roldán se excusara de seguir conociendo el presente juicio, el juzgador resolvió reservar la publicación de la sentencia y enviar el asunto a un Tribunal Colegiado, que finalmente resolvió que la queja promovida por Frida Martínez no tenía fundamento. La sentencia del caso se haría pública.
Alpízar consuma presiones contra juez Roldán
Después de reunirse con Alpízar y Carrasco en cinco ocasiones, —la última vez en marzo de 2021, y al no resolver el caso como le pedían—, Alberto Roldán fue cambiado de adscripción a Morelia, lo que el juzgador entendió como un castigo, según afirmó N+ en su investigación.
La resolución la dio a conocer el propio Roldán en las listas de acuerdos del Poder Judicial consultadas por Animal Político para hacer esta reconstrucción de los hechos. En dicho sitio informó que por oficio SEADS/318/2021, suscrito por Luis Francisco Trejo Sánchez, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del CJF acordó la adscripción a dicho juzgado del Juez Juan Manuel García Arreguín, quien a partir del 16 de mayo de 2021 ocupó el lugar de Roldán.
El acta de la sesión ordinaria del 28 de abril de 2021 obtenida por este medio evidencia cómo, por unanimidad de seis votos, el Pleno del CJF acordó la adscripción del juez García Arreguín en el lugar de Roldán Olvera sin dar mayores argumentos ni razones sobre su resolución.
Las y los consejeros de la Judicatura Federal que aprobaron dicho cambio fueron Bernardo Bátiz Vázquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez y Loretta Ortiz Alhf, quien actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una vez que el juez García Arreguín asumió la titularidad del juzgado, pidió a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del CJF determinar si dicho juzgado a su cargo era competente de resolver dicho asunto o lo era el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
La Comisión de Creación de Nuevos Órganos del CJF calificó como improcedente la solicitud, por lo que 12 de julio de 2021 el nuevo juez dictó su sentencia en el sentido de amparar a Frida Martínez para el efecto de que el juez de control “deje insubsistente la orden de aprehensión que dictó el 7 de agosto de 2020”, tan solo dos meses después de haber conocido sobre el caso.
Sin embargo, dejó la puerta abierta para que, con libertad de jurisdicción, el juez “emita otra resolución en la que, de manera fundada y motivada, contraste las razones expuestas por el Ministerio Público en su solicitud de orden de aprehensión, frente al contenido íntegro de la totalidad de los datos de prueba enunciados por el agente del Ministerio Público, incluyendo toda la información que se advierte del informe final y del informe de conclusión de la auditoría 30/19, a que se refieren los oficios OIC/PF/091/2020 y OIC/PF/056/2020”.
“El amparo aquí otorgado, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino únicamente impone a la autoridad responsable subsanar la violación de fundamentación y motivación analizada; por lo cual, la nueva resolución podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, pues para ello se le dejó libertad de jurisdicción”, señaló.
De esta forma, Frida Martínez Zamora estuvo solamente 11 meses prófuga de la justicia y, contrario a lo que suele suceder, ni la FGR ni ninguna otra autoridad impugnaron dicha resolución, por lo que “causó firmeza procesal” el 22 de marzo de 2023.
Derivado de esta resolución, Jesús Orta también consiguió un amparo por el que se ordenó cancelar la orden de captura emitida en su contra. En su recurso, la defensa planteó como precedente el fallo favorable a Frida.
”El Juez de Distrito debió considerar que la misma autoridad responsable, el 20 de septiembre de 2021, resolvió negar la orden de aprehensión solicitada por el ministerio público, respecto de la coimputada Frida Martínez Zamora por los hechos que la ley señala como delitos peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada argumentó Orta en su demanda de amparo.
En un documento del pasado mes de agosto de 2022, autoridades del Gobierno Federal informaron que los documentos de la auditoría que se utilizó para llevar ante un juez el caso por el desvío fraude multimillonario formaba parte de una investigación en curso, por lo que procedieron a declarar su reserva por cinco años, pero hasta el momento no hay ningún otro detenido ni personaje llamado a declarar.
Con información de EFE.-
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