México aguarda este lunes la respuesta de 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos demandados por traficar armas. La contestación es el paso siguiente de un importante litigio con el que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende resarcir parte del daño de décadas de violencia del narcotráfico. La Administración ha pasado a la ofensiva en uno de los temas más añejos —y complicados— para la relación bilateral. El cuerpo diplomático mexicano en la nación norteamericana ha sido instruido para convertir el tema en una prioridad mientras el canciller Marcelo Ebrard abre el debate en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en busca de aliados.
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Marcela Celorio, la cónsul de México en Los Ángeles, explicó que la demanda, por la vía civil, es por “prácticas comerciales negligentes y falta de responsabilidad corporativa”. “Se trata de hacer responsables a las empresas”, afirmó la embajadora, quien critica cómo las compañías han adaptado sus productos al mercado mexicano. Entre estos están los de Colt, uno de los demandados, que tiene entre sus pistolas la calibre .38 El Jefe; la calibre .38 El Grito y la Emiliano Zapata 1911, que tiene inscrita en el cañón la frase atribuida al revolucionario: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Estos modelos son codiciados por los narcos mexicanos. Uno de los sicarios que asesinó en 2017 a la periodista Miroslava Breach utilizó una de estas armas. Entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México entraron ilegalmente por la frontera norte.
“Cuando uno compara las gráficas de venta de armas en Estados Unidos con las de asesinatos en México, la correlación es muy importante, como del 80%”, apunta Eugenio Weigend, especialista en violencia armada del Center for American Progress. Tres factores han disparado el tráfico desde el norte: un incremento sustancial en la producción de armas de asalto desde mediados de la década del 2000; la flexibilización de las normas estatales para adquirir armas y la regulación prácticamente nula de las expos de armas y las compras por internet.
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La frontera entre ambos países es una zona al rojo vivo pare este comercio. Mientras todo el mundo es testigo de la llegada de decenas de miles de migrantes del sur a las puertas de Estados Unidos, al mismo tiempo hay un tráfico invisible en sentido inverso. México cifra en medio millón de armas anuales el volumen del tráfico, lo que suma unas 10 millones en dos décadas. Uno puede tener una idea de la fortaleza del negocio por el número de armerías que han brotado en los más de 3.000 kilómetros de frontera. Hace una década había 8.354 vendedores registrados en los cuatro Estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y Texas). Para 2019 se habían registrado 1.569 más a pesar de que el número de distribuidores nacionales había decrecido cerca del 2%. Las armerías de la frontera despachan dos veces más armas que el resto de tiendas en el país, de acuerdo a cifras de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, una dependencia que lleva seis años descabezada por la renuencia de los republicanos a confirmar un nombramiento.
La ofensiva mexicana por el tema requiere un delicado encaje político en un país donde el derecho a la tenencia de armas está protegida por la Constitución. “Esta demanda no cuestiona las leyes, políticas o acciones de Estados Unidos o su Gobierno”, argumenta la parte mexicana en el litigio, presentado en agosto. “El caso no tiene nada que ver con la segunda enmienda… Los cárteles no están protegidos por la segunda enmienda y los demandados no tienen derecho a suministrarles armamento”, continúa el texto.
Steve Shadowen, el estratega de la acusación mexicana, cree que las once empresas, Smith & Wesson; Barrett, Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock; Sturm, Ruger & Co., Witmer Public Safety Group y las subsidiarias de estas, pedirán al juez desestimar el caso por no tener base. El abogado radicado en Austin (Texas) explica que las compañías están blindadas de litigios iniciados por terceros en suelo estadounidense por una serie de leyes aprobadas por el Congreso en 2005, durante la presidencia de George W. Bush. El equipo mexicano defiende que esas normas no tienen un alcance extraterritorial y cómo los daños se produjeron en México, las empresas no gozan de inmunidad legal. Este asunto se ha llevado recurrentemente en la mesa de negociaciones bilaterales, con presentaciones amplias de altos funcionarios mexicanos a sus pares estadounidenses.
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“Lo que buscamos con este caso es una orden de la corte que requiera a los fabricantes reformar el sistema de distribución de armas. Eso sería muy importante, que tomen en cuenta esas precauciones”, explica Shadowen, quien entró en contacto con las autoridades mexicanas en 2019 tras la matanza antimexicana de El Paso, que dejó 22 muertos. El letrado prevé que el litigio se extienda por varios años y no descarta que llegue a la Suprema Corte, como ha sucedido con otros casos sobre el derecho a armarse. El Estado mexicano ha acordado pagar al bufete de Shadowen, que trabajará con tarifas reducidas, un millón de dólares al año, informó Reuters.
Después de dos años de trabajo en la demanda civil, una fuente de la cancillería afirma a EL PAÍS que “no es una sorpresa” que las empresas demandadas presenten su respuesta en bloque. Independientemente de lo que suceda, este lunes, Ebrard pondrá el tema sobre la mesa en el Consejo de Seguridad de la ONU. “La demanda no se gana ni se pierde este lunes, pero es importante porque conoceremos cuál será su defensa”, señala. En Exteriores esperan, como respuesta de los fabricantes, una campaña de desprestigio. “Dirán que la culpa es de México porque tiene malas aduanas, una frontera porosa y que es un país corrupto”, afirman. Más allá del flujo constante de armas proveniente del norte, el Gobierno de López Obrador ha mostrado muchos problemas para contrarrestar la violencia.
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Especialistas como Weigend califican de audaz el litigio, que no encuentra un caso similar. Quizá porque pocos como los mexicanos, además de otros americanos del sur, han aportado al saldo trágico de la violencia. El analista aplaude la ruta judicial elegida. La demanda se presentó en Massachusetts, donde se reducen las posibilidades de que el caso caiga en manos de un circuito con jueces conservadores.
La próxima fecha clave es el 28 de febrero, el límite para contestar a los argumentos presentados por las empresas este lunes. En un escenario positivo, la fase de presentación de pruebas arrancará a estas alturas del próximo año. “Esa será nuestra mina de oro, el punto medular del litigio”, dicen en Exteriores. “Un acuerdo fuera de la corte está descartado”, adelantan las fuentes, quienes explican que la demanda fue presentada por el Estado y no a nombre de las decenas de miles de víctimas para evitar que las empresas “busquen dar compensaciones individuales”. La cifra de reparación que se había manejado hace meses era de miles de millones de dólares. Para llegar a ella el Gobierno debe antes cruzar un largo laberinto judicial.
Con información de El Pais
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