La ley de remuneraciones, la eliminación de estancias infantiles, los megaproyectos en comunidades indígenas, la cancelación del nuevo aeropuerto y el proyecto de otro en Santa Lucía son sólo algunas de las acciones o intenciones del gobierno lopezobradorista que han hallado una tenaz resistencia desde todos los frentes. Ahora la administración federal enfrenta cientos de miles de recursos de amparo, que desbordan los juzgados.
CIUDAD DE MÉXICO.- En las oficinas de los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en San Lázaro, en la Ciudad de México, hay cajas llenas de documentos y torres de papel con argumentos contra la ley que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República: 108 mil pesos al mes.
El pasado 28 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió concentrar ahí todas las controversias sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para “aliviar la carga de trabajo” a los jueces, pues se trata de 5 mil 165 demandas de amparo de 27 mil 324 quejosos por los recortes salariales y la eliminación de prestaciones en la administración pública federal. Esos dos juzgados no habían tenido tanto trabajo desde el “gasolinazo” en 2017 y la Reforma Fiscal en 2013.
La también llamada “Ley de Salarios Máximos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de abril, es el caso más judicializado en los primeros siete meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no es el único.
Otras acciones y proyectos controvertidos están encontrando resistencia por la vía judicial, como la eliminación de las estancias infantiles, los megaproyectos en comunidades indígenas, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el proyecto de un puerto aéreo en la base militar de Santa Lucía.
Es común que al inicio de cada administración aumente el número de amparos, señala una fuente de alto nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero en los primeros cuatro meses del actual gobierno los órganos jurisdiccionales tuvieron 37 mil 964 asuntos más que en el mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto y 112 mil 371 más que en el de Felipe Calderón, según cifras del CJF.
De diciembre de 2018 a marzo de 2019 ingresaron 341 mil 366 asuntos, mientras que de diciembre de 2011 a marzo de 2012 fueron 303 mil 402 y de diciembre de 2006 a marzo de 2007, 228 mil 995. El CJF no publica estos datos desagregados. Este semanario solicitó la información, pero no tuvo respuesta.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2225, ya en circulación, con información de proceso)
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