Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40 mando mensaje a AMLO, se comprometía a bajar el 50% de la violencia, a cambio de no extraditarlo.
Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo en su campaña presidencial que habría amnistía a quienes hubieran participado en el narcotráfico, hubo quien vio una ventana de oportunidad.
Fue Miguel Ángel Treviño, el Z-40, el jefe de Los Zetas, preso desde julio de 2013, quien a través de sus abogados envió un mensaje a la campaña del candidato presidencial.
Se comprometía a reducir en un 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, a cambio de una sola cosa: si llegaba López Obrador a la Presidencia, que no lo extraditara a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada, porque el 19 de julio del año pasado, salió de México hacia una cárcel en ese país.
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Los Zetas siguieron administrando su empresa criminal, a la que entraron hace casi 15 años, cuando por falta de droga se diversificaron hacia el robo de combustible. Fue el primer cártel que entró en ese negocio.
Los Zetas lo convirtieron en una operación trasnacional, y vendieron cuando menos 46 millones de dólares de petróleo a refinerías en Estados Unidos, que posteriormente enfrentaron juicios y varios de sus directivos fueron a la cárcel. La delincuencia organizada es quien más ganancias extrae del robo de hidrocarburos en el mundo, uno de los más grandes fenómenos criminales de este siglo.
De acuerdo con un documento del Centro de Energía Global del Consejo de Atlántico, una organización privada estadounidense que nació en 1961, publicado en 2017 (Downstream Oil Theft: Global Modalities, Trends and Remedies), el negocio criminal deja utilidades anuales por 133 mil millones de dólares, que es superior al PIB de Kuwait, una de las naciones petroleras.
El informe cita 10 casos de estudio, incluido México, en donde dice que extraer petróleo refinado durante sólo siete minutos, representa a un cártel ganancias de 90 mil dólares. Un ingeniero de Pemex fue detenido cuando se descubrió que cobraba mil 250 dólares por cada toma clandestina que dejaba sin reportar.
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El informe menciona que la delincuencia organizada es quien más está involucrada en el robo de hidrocarburos, pero no es la única. En orden de importancia hay funcionarios o empleados gubernamentales, comunidades “desesperadas” porque no tienen otra forma de obtener recursos, políticos y terroristas.
En el caso mexicano, de acuerdo con un estudio elaborado en 2017 por la consultora EnergeA para la Comisión Reguladora de Energía, además de cárteles participaban del llamado huachicoleo, grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, empleados y ex empleados de Pemex, gasolineros, policías y empresarios.
Paradójicamente, aunque el robo estaba convertido en uno de los problemas más apremiantes, López Obrador no habló sobre esto durante sus conversaciones con el presidente Enrique Peña Nieto en la transición, ni este se lo planteó como una prioridad.
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