En las laderas olvidadas del país, lejos del ruido urbano y de los reflectores mediáticos, se libra una guerra que pocas veces ocupa las portadas. No son enfrentamientos espectaculares ni decomisos de alto perfil, sino la constante localización de narcolaboratorios clandestinos: cocinas improvisadas donde el crimen organizado produce drogas sintéticas en condiciones de absoluta precariedad, que no solo envenenan las calles, sino que dejan una huella invisible de contaminación y riesgo sanitario.
La escena es recurrente en cada aseguramiento: bidones de plástico reciclados, ollas de peltre ennegrecidas, tinas expuestas a la intemperie, estufas hechizas de leña o gasolina y mesas de madera saturadas de residuos químicos. Equipos que no cumplen ninguna norma de higiene o seguridad y que, según expertos, multiplican el peligro para quienes manipulan las sustancias y para quienes las consumen.
Un fenómeno en expansión
Entre enero de 2019 y diciembre de 2024, las fuerzas federales aseguraron 282 laboratorios clandestinos. Sinaloa encabeza la lista con 152 sitios desmantelados, seguido de Durango (51) y Aguascalientes (16). Solo en los primeros seis meses de 2025, la cifra ya alcanza 96 decomisos, superando los registros anuales de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2024.
Fuentes de la Fiscalía General de la República confirman que detrás de estas cifras hay un trabajo conjunto entre Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades estatales. Una estrategia que ha tomado un giro más agresivo con la llegada de Omar García Harfuch a la SSPC, quien ha encabezado personalmente la coordinación de inteligencia y los despliegues en zonas críticas.
Producción en la precariedad
El doctor Gabriel Vera, investigador en Ciencias Químicas por la UNAM, advierte que las condiciones actuales de producción son más insalubres que hace una década. “Antes veíamos utensilios de acero o vidrio, y equipo de protección básico. Hoy no hay mascarillas, guantes ni trajes. Los recipientes se reutilizan sin limpieza, acumulando residuos químicos que se mezclan en cada nueva ‘cocción’”, explica.
La instalación de laboratorios en áreas serranas y de difícil acceso responde a una estrategia de ocultamiento. El consultor en seguridad nacional Alberto Hidalgo señala que “estas zonas dificultan la detección por aire y tierra, incluso con cámaras térmicas o drones, y complican cualquier operativo de irrupción”.
Del abandono a la cacería
La actual ofensiva contra los narcolaboratorios representa un cambio de paradigma tras un sexenio en el que —según mandos militares y exfuncionarios de seguridad— la persecución de este tipo de instalaciones fue intermitente y carente de continuidad. Harfuch ha colocado la intercepción de rutas logísticas, la identificación de centros de producción y el bloqueo de precursores químicos como prioridades de la política federal de seguridad.
“El sexenio pasado fue prácticamente un terreno muerto en esta materia”, reconoce una fuente de inteligencia. “Ahora hay operativos simultáneos, intercambio de información entre corporaciones y un seguimiento puntual que antes no existía”.
Un reto que va más allá de los decomisos
Para Harfuch, el objetivo no se limita a la incautación de laboratorios: “Hay que cortar la cadena completa —desde el acceso a precursores hasta la distribución final—, y eso implica cooperación internacional, inteligencia financiera y una presencia constante en zonas donde el Estado históricamente ha estado ausente”.
Sin embargo, el incremento de aseguramientos no necesariamente refleja una victoria total: podría ser síntoma de que el fenómeno crece y se adapta más rápido que las operaciones de contención. Mientras las cifras muestran resultados inéditos, la producción sigue moviéndose y multiplicándose en la sombra.
El desafío, ahora, es sostener la cacería sin que se convierta en una mera estadística. La verdadera medida del éxito no estará solo en los laboratorios desmantelados, sino en el debilitamiento real de las redes criminales que los operan.
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