Por: Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.
La retórica de la «transformación» y la honestidad en Tamaulipas se desmorona por su eslabón más débil y, paradójicamente, más blindado: la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Bajo el amparo del poder estatal, lo que debió ser una investigación histórica por un desfalco superior a los 300 millones de pesos se ha convertido en el monumento más descarado al encubrimiento y al nepotismo gubernamental.
Las miradas de exigencia social y ciudadana apuntan hoy con total fuego hacia la Directora Jurídica del Gobierno del Estado, Tania Contreras, y el titular del Órgano Interno de Control, Eduardo Govea Orozco. A meses de que el escándalo estallara, el silencio de ambos funcionarios no es solo ineficiencia; apesta a complicidad y a una burda operación de limpieza para proteger los intereses del grupo en el poder.
La red de «fantasmas» que desangró a la UAT
La denuncia pública es devastadora y los nombres operan bajo la sombra de la total impunidad. Vinculados directamente a una presunta red de más de 20 medios “fantasma”, personajes como Paco Cuéllar y Manuel Aguilar aparecen como los presuntos artífices de una simulación grotesca: la justificación de pagos millonarios por servicios de difusión que jamás existieron.
El dinero de los tamaulipecos y de la educación pública fue a parar a cuentas específicas mediante contratos clonados en montos y sospechas. Entre los beneficiarios de este saqueo sistemático destacan:
BrandX BX SA de CV — $1,777,000
Cuauhtémoc Vanoye Sánchez — $1,777,000
Josué Santiago Martínez Luis — $1,777,000
Manuel Alejandro Escobedo Bernal — $1,777,000
Servicios y Soluciones Roma — $1,200,000
Dogma Creativos — $1,160,000
José de la Luz Rodríguez Amaro — $1,200,000
Mientras las escuelas de la UAT padecen de infraestructura y los estudiantes se enfrentan a carencias, millones de pesos se esfumaron en una danza de facturas sospechosas.
Todo queda en familia: El blindaje de Dámaso y Américo
¿Por qué no hay órdenes de aprehensión? ¿Por qué no se han congelado las cuentas bancarias de los involucrados? ¿Dónde están las acciones judiciales de la Fiscalía? La respuesta se encuentra en el árbol genealógico del poder en Tamaulipas.
El actual rector de la UAT, Dámaso Anaya, no llegó al cargo por un despliegue de mérito académico, sino por la gracia de su consanguinidad: es primo hermano del gobernador Américo Villarreal Anaya.
El conflicto de interés no es una suposición; es una realidad institucionalizada. El gobernador que prometió acabar con la corrupción de los sexenios pasados hoy tiene a su primo resguardando el botín y la caja chica del estado, mientras sus brazos ejecutores —Contreras y Govea— congelan deliberadamente las carpetas de investigación.
El silencio que los condena
Mantener esta cloaca cerrada es una afrenta directa a la sociedad tamaulipeca. La impunidad con la que operan los presuntos prestanombres y la parálisis institucional demuestran que, en el Tamaulipas de hoy, la ley es selectiva y la justicia se detiene cuando choca con los apellidos de Palacio de Gobierno.
El caso de la UAT no es solo un desfalco financiero; es la prueba de que el nepotismo y la protección política siguen siendo la moneda de cambio para saquear el patrimonio público. El gobernador Américo Villarreal y su primo, el rector Dámaso Anaya, le deben una explicación inmediata a Tamaulipas. El silencio ya no es opción; es una confesión de culpa.
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