Reynosa, Tamaulipas.– El combate al huachicol en el noreste del país dejó un fuerte golpe al crimen organizado: más de 200 mil litros de hidrocarburos fueron asegurados y cinco personas detenidas en dos operativos realizados en San Fernando y Ciudad Victoria, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Operación Frontera Norte
Estas acciones se enmarcan dentro del operativo “Frontera Norte”, reforzado recientemente con labores de inteligencia y despliegue táctico, bajo la coordinación del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
El primer golpe ocurrió el 21 de julio en San Fernando, donde fue detenida una persona. En el lugar, elementos de las fuerzas federales aseguraron un tractocamión, dos autotanques y 67 mil litros de hidrocarburo.
Ciudad Victoria: cuatro detenidos y más cargamento
Simultáneamente, en la capital del estado, Ciudad Victoria, se realizó un segundo operativo que derivó en la detención de cuatro personas. Además, fueron decomisados cuatro tractocamiones, cuatro autotanques y 160 mil litros de residuos de base líquida y aceite, presuntamente utilizados para el trasiego y camuflaje de combustible robado.
Golpes en cadena a nivel nacional
El Gabinete de Seguridad también reportó operativos similares en Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. En total, se detuvieron 23 personas, y se aseguraron:
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39 tractocamiones
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57 contenedores
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42 autotanques
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65 carrotanques
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Más de 8 millones de litros de hidrocarburos recuperados
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560 kilogramos de cocaína incautada
Crimen energético bajo la lupa
Las autoridades recalcaron que estos golpes evidencian la dimensión del crimen energético en México y refuerzan el compromiso institucional de combatir frontalmente al huachicol, una actividad que daña el patrimonio nacional y financia otras estructuras delictivas.
«Estamos avanzando en la construcción de la paz y debilitando las cadenas logísticas del crimen organizado», señalaron voceros federales, destacando que la lucha contra el robo de hidrocarburos seguirá siendo una prioridad en las zonas de mayor riesgo e incidencia.
El mensaje es claro: el Estado no puede permitir que el combustible de la nación sea el motor del crimen.
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