Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, arribó a una barbería en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el 22 de noviembre de 2021 por ahí de las 5.00 de la tarde. Iba decidido a darse una afeitada y cortarse el pelo.
Cuando se encontraba en el sitio, un grupo de sicarios, que ya le seguía los pasos, le disparó una ráfaga de balas y ahí, en el sillón del peluquero, quedó el cuerpo inundado de sangre. Las autoridades de esa demarcación presumen que esa demarcación es una de las más seguras del país, pero extrañamente ese día ninguna cámara pública logró captar el momento del crimen. Algunos testigos describieron a los sicarios: tenían el pelo corto, como si fueran militares –dijeron.
Carmona Angulo llevaba una vida de opulencia. Junto con su hermano Julio César se hizo muy rico porque, con el respaldo de autoridades políticas, policiacas y aduanales, explotaba al máximo el tráfico de hidrocarburos presuntamente robados a Petróleos Mexicanos (Pemex) y los transportaba dentro y fuera de México en pipas de diez y veinte mil litros como si fuera aceite vegetal. También usaba otra fachada: el transporte de medicamentos, equipo médico y pacas de ropa.
De esta forma, los llamados “Reyes del Huachicol” lograban cruzar sus transportes hacia Estados Unidos pagando menos aranceles; así obtenían ganancias millonarias. Con la fortuna descomunal que amasaron durante sus años de esplendor lograron aceitar muy bien sus relaciones políticas: financiaron campañas de múltiples candidatos. Se les relacionó estrechamente con altos mandos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como con Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas, cuna del crimen organizado.
Tras el crimen de Carmona, se abrieron investigaciones en Estados Unidos por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI; la Fiscalía General de la República (FGR) hizo lo propio y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se metió a fondo al corazón de las aduanas para desarticular una red de corrupción conectada con altos funcionarios del Sistema Aduanero Nacional.
Cabe señalar que la intervención de los militares en las aduanas ocurrió a petición del gobierno de Estados Unidos. El objetivo: frenar el contrabando de armas, dinero y drogas como el fentanilo. Esta sustancia química –quizá una de las drogas sintéticas con mayor demanda –ha causado tanto furor en Estados Unidos como muertes: tan sólo en el 2022 le quitó la vida a cien mil personas que se ahogaron en sobredosis.
Conforme avanzaron las investigaciones se fue conociendo pieza por pieza el amplio rompecabezas criminal que opera en las aduanas y que históricamente ha sido una verdadera cloaca no sólo por el contrabando de mercancías, drogas y armas sino por el negocio de las extorsiones a empresas exportadoras, así como en perjuicio de empresarios aduaneros.
De acuerdo con una denuncia de hechos que un grupo de agentes aduanales y exportadores le hicieron llegar al presidente de la República –cuya copia está en poder de este reportero – la presunta red de corrupción en las aduanas está encabezada por Álvaro Hernández Sierra –exdirector General de Investigación Aduanera y Leonel Arturo Escalona González. Ambos –establece la denuncia –se han dedicado a extorsionar a importadores, exportadores y agentes aduanales.
Dice la denuncia: Estas personas “utilizaban a la Administración General de Evaluación (AGE) para afectar o alterar el sistema aduanero o mecanismo de selección automatizado, manipulando para que les toque rojo (revisión) a todo aquel agente aduanal, importador o exportador que no acceda al pago de cuotas que evidentemente generan corrupción”.
En red de corrupción –de acuerdo con la denuncia de hechos presentada ante el presidente López Obrador –también salen a relucir los nombres de otras piezas del engranaje: César Alejandro Reyna Carrillo, actual Administrador General de Comunicaciones y Tecnología de la Información de la Agencia Nacional de Aduanas de México, quien pese a estar denunciado sigue ocupando su cargo. Su brazo operador, según la denuncia, es Álvaro Alejandro Hernández Sierra. Y también forma parte del equipo Leonel Arturo Escalona. Estos funcionarios están acusados de incurrir en actos de corrupción, pero paradójicamente son responsables de investigar esos hechos en las aduanas.
Tras la intervención de la Sedena en las aduanas, el titular de esta dependencia, Luis Cresencio Sandoval envió un oficio y ordenó una investigación contra César Alejandro Reyna a fin de que se diera seguimiento a las razones por las que había puesto en “rojo” todas las operaciones de la empresa trasnacional Legoland de México, así como las que realizaban importadores, exportadores y agentes aduanales.
La indagatoria confirmó lo que ahora señalan los denunciantes en la carta dirigida al presidente López Obrador: que les ponían en “rojo” sus operaciones para extorsionarlos. La empresa o empresario que no pagara seguiría en “rojo”. Esto causó que muchos clientes abandonaran a las empresas boletinadas debido a que les afectó sus operaciones.
La investigación arrojó que los personajes referidos –quienes siguen enquistados en el sistema aduanero mexicano –utilizaban sus propias claves como funcionarios para manipular el sistema aduanero y así poner en “rojo” las operaciones de quienes más tarde serían víctimas de extorsión. Si no pagaban, no los liberaban.
La Sedena, sin embargo, puso freno a esta práctica corrupta que llevaba más de cincuenta años operando en las aduanas. Ahora el procedimiento cambió, pues para poner “en rojo” a una empresa o agente aduanal primero se debe realizar una investigación y determinar si han violado la ley.
En la denuncia de hechos es señalado César Alejandro Reyna Carrillo –Actual administrador General de Comunicaciones y Tecnología de la Información de la Agencia Nacional de Adunas de México –como la cabeza principal de la presunta red de extorsionadores.
De acuerdo con los antecedentes referidos en la carta, opera en todas las aduanas y aeropuertos del país y tiene amplias conexiones en Estados Unidos con presuntos contrabandistas de combustibles y otros productos. Los denunciantes le piden al presidente López Obrador investigue a este funcionario “por lavado de dinero y operaciones de contrabando internacional”. No es todo: Señalan que también controla aduanas marítimas y fronterizas de México. Dicen, además, que “está implicado en operaciones criminales desde Estados Unidos”, ´pues se le relaciona con el empresario asesinado en Nuevo León –Sergio Carmona Angulo –, conocido en el mundo del hampa como “El Rey del contrabando de combustibles.
En el apartado de las solicitudes al presidente, la carta señala: “Se turne a la FGR y se investigue a los funcionarios y operadores externos mencionados , en específico a César Alejandro Reyna Carrillo”. La FGR ya cuenta con una carpeta de investigación contra Reyna Carrillo y sus presuntos vínculos ilícitos.
Piden que también se investigue “la relación de César Alejandro Carrillo y su participación (en el) asesinato de Sergio Carmona Angulo (líder de contrabando de combustibles) ya que dicho funcionario tenía una estrecha amistad y redes de negocios ilegales con el asesinado; el crimen se debió a sus ligas con presuntos grupos criminales del contrabando de combustibles que operaban de manera conjunta”.
Agentes aduanales, exportadores e importadores también piden al presidente se investigue la introducción de combustibles de manera ilegal procedente de Estados Unidos –El llamado huachicol internacional – extraído de las refinerías en Texas.
Las gasolinas robadas, dicen la denuncia, entran al país por las aduanas de Ciudad Juárez y Matamoros “y quien protege estas acciones es César Alejandro Reyna” , quien cuenta con el apoyo de un empresario de apellido Fonseca, que opera en Estados Unidos, llamado El «Rey del Huachicol» en USA y México.
El esquema de robo de combustibles en las refinerías de Texas, de acuerdo con los denunciantes, ha pasado desapercibido para las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, representa millonarias ganancias para los llamados “huachicoleros” mexicanos porque importan gasolinas robadas que son revendidas en México; además, la red de contrabandistas disponen de apoyo de altos funcionarios de aduanas que, pese a que han sido denunciados por estas prácticas, siguen en sus puestos.
El contrabando y su red de protección ha causado muertes y desapariciones como venganzas entre grupos criminales. En septiembre de 2021, por ejemplo, desaparecieron tres empleados de la aduana de Manzanillo. Ellos son Francisco Antonio Pérez Zavala, Jan Carlos Ramírez Juárez y Édgar Alejandro Fiaz Rosales.
Semanas después, los tres cuerpos fueron hallados en la comunidad de “El Terreno de Minatitlán”. Sus familiares interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público Federal. Este caso estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas o porque los empleados asesinados se negaron a trabajar para el crimen organizado.
Los denunciantes piden al presidente López Obrador y a la FGR que, por estos hechos, también se investigue a César Alejandro Reyna Carrillo, a quien incluso ya le solicitaron su renuncia pero se ha negado a dejar el cargo pese a que en diversos puntos del país, inclusive en la ciudad de México, cientos de personas han realizado hasta manifestaciones para exigir su despido del sistema aduanero mexicano.
De acuerdo con otras fuentes consultados, el FBI y la DEA siguen los pasos de Reyna Carrillo; la Sedena cuenta con información de sus acciones presuntamente ilegales al interior de las aduanas y la FGR da seguimiento a una carpeta de investigación por varios delitos. Sin embargo, la red de corrupción continúa tan poderosa que hasta ahora nadie ha podido remover a este polémico funcionario.
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