Investigación/ MCR/.- Se documentaron más de 43 empresas fantasmas que fueron contratadas, por la Secretaría de Marina (SEMAR) las cuales obtuvieron contratos millonarios por más de 300 millones de pesos; sin embargo, tras rastrear más información de sus representantes y propietarios, tanto el Instituto Nacional de Transparencia y la Secretaría de Economía reservaron la información, contratos y facturaciones realizadas en aquel entonces por el oficial mayor de marina era el Almirante José Luis Vergara Ibarra cargo que ocupó hasta 2018 bajo el cargo y mando del entonces Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
En la investigación efectuada por México Código Rojo, se giraron más de 13 oficios a diferentes instituciones, entre ellas, Secretaría de Marina, Instituto de Acceso a la Información y Transparencia y Fiscalía General de la república, sobre el avance en la investigación denunciada durante 2019 contra distintas empresas contratadas por la SEMAR, donde entregó de manera directa contratos millonarios a las empresas Gea Asesoría y Gestión Empresarial S de RL de CV y Comercializadora RIUA S de RL de CV, así como a otras más.
De los contratos millonarios por más de 300 millones de pesos que obtuvieron 43 empresas, sellamos 4 las cuales han reservado hasta el momento información de facturación, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como nuevos contratos ante la Plataforma Nacional de Transparencia, sus facturaciones y reporte de avance ante la Secretaría de Marina y el resultado de dichas investigaciones las cuales están bajo reservadas. Asimismo, se consultó el Programa Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Marina para determinar el tipo de obras o adjudicaciones requeridas para estas empresas; sin embargo, se encuentran reservados.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Administración Tributaria, investigó los traslados y depósitos a la cuenta Bancomer 0176158269 de la empresa Gea Asesoría y Gestión Empresarial, la cual determinaría que se enviaban cantidades a particulares; sin embargo, quedó en el aire la investigación para verificar si depositaban a personal de la marina como el entonces oficial mayor de la SEMAR Almirante José Luis Vergara Ibarra o al mismo Vidal Francisco Soberón Sanz, quien fue titular de la Secretaría.
Durante agosto de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que las empresas emitieron 3,242 comprobantes falsos; la SEMAR no aplicó sanciones a quienes las contrataron, pero reconoce contratos con ocho; la mayoría no son públicos. Sin embargo, siguieron facturando dentro de otras dependencias y estados, de lo cual la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR tomó conocimiento ante las denuncias del SAT.
Un total de 43 “empresas fantasma” facturaron a la Secretaría de Marina (SEMAR) 215 millones 114 mil 508 pesos de enero de 2014 a mayo de 2019. De lo cual el responsable directo sería el oficial mayor de marina era el Almirante José Luis Vergara Ibarra, cargo quien permaneció hasta 2018 en el cargo al mando del entonces Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.
Las compañías, que posteriormente fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones simuladas, emitieron 3 mil 242 comprobantes fiscales para justificar una diversidad de bienes y servicios.
Las millonarias facturaciones.
De acuerdo con información proporcionada por el SAT a través del uso de la Ley de Transparencia, las cinco compañías que más facturaron a nombre de la SEMAR fueron: Gea Asesoría y Gestión Empresarial S de RL de CV, con 59 millones 36 mil 906 pesos; Apple Solutions SA de CV, que facturó 58 millones 189 mil 655 pesos; Comercializadora Iroi S de RL de CV, con 36 millones 652 mil 336 pesos; Comercializadora Riua S de RL de CV, con 19 millones 583 mil 887 pesos; y Participaciones Logísticas Empresariales SA de CV, por 18 millones de pesos en un solo comprobante fiscal.
Igualmente, se detectaron pagos a firmas recién constituidas. Por ejemplo, la compañía TCLR SA de CV, se fundó el 11 de enero de 2017, y cuatro meses más tarde, el 8 de mayo del mismo año, ya estaba emitiendo los primeros 18 comprobantes fiscales al Batallón de Infantería de Marina número 9.
Del listado entregado, dos compañías se constituyeron el mismo día: Apele Solutions SA de CV y Grupo Omkar SA de CV.
Carpetazo a las denuncias.
Las denuncias realizadas en agosto del 2021 solo quedaron en el aire, aunque el sistema de administración tributaria, realizó recomendaciones y desplegó responsabilidades a dichas empresas. Sin embargo, al momento de pedir la investigación a la Secretaría de la Función Pública para deslindar responsabilidades contra el Oficial Mayor de la Marina, Almirante José Luis Vergara Ibarra, reservaron la información y no continuaron las investigaciones.
Las multas que impuso el SAT a las empresas fueron paupérrimas y siguieron siendo contratadas como Gea Asesoría y Gestión Empresarial S de RL de CV, quien durante 2021 fue contratada por el ayuntamiento de Naucalpan para la modificación de unas techumbres, asimismo Comercializadora RIUA S de RL de CV en 2020 obtuvo un contrato para el Servicio para la Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
De la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía Anticorrupción, no informó sobre procesos contra el entonces oficial mayor de la Marina, Almirante José Luis Vergara Ibarra, por cometer violatorias a la Reforma fiscal 2020 contra las empresas fantasma y la facturación falsa, contenidas en los artículos 113 Bis del Código Fiscal de la Federación y las violatorias evidentes al Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Es importante destacar que el actuar del Secretario de Marina Ojeda Duran, siempre ha sido dentro de la ley; pero sus allegados de primer nivel cómo lo es el Almirante Tress Zilli actual Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, pone en duda su incorruptibilidad por este desempeño y ocultar este tipo de situaciones ya sea por su ineptitud o por tener compromisos con Vergara Ibarra, quién durante la administración del Almirante Soberon Sanz siempre estuvo en puestos de primer nivel y ahora en su posición al no realizar las investigaciones que le corresponden hacer como lo señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas, le genera un beneficio al Almirante Vergara Ibarra así como a muchos Almirantes afines a su grupo de poder.
Se espera sea investigado el Almirante José Luis Vergara Ibarra por sus actos cometidos como Oficial Mayor de Marina en la administración del entonces Secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz.
Lo que violó José Luis Vergara Ibarra.
Con fecha 8 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal” (el “Decreto”).
De conformidad con el Decreto, se reforma el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, incrementando la sanción prevista en dicho artículo, para establecer una sanción de 2 a 9 años de prisión a quienes por sí mismas o a través de otras personas expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados (“Facturación Falsa”);
De igual manera, se sancionarán con las mismas penas a las personas que tengan conocimiento de lo anterior y permitan o publiquen a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de Facturación Falsa;
De conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando 3 o más personas se organicen para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tienen como fin cometer el delito de contrabando, contrabando equiparado, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, así como las de Facturación Falsa, serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada; y
Además, la Ley de Seguridad Nacional establece que la Facturación Falsa en contra del fisco federal se considerará como una amenaza a la seguridad nacional.
Conclusión. De conformidad con lo anterior, toda persona que expida, enajene, compre o adquiera Facturación Falsa; o que permita o publique anuncios para la adquisición o enajenación de la misma, será sancionada con 2 a 9 años de prisión. Además, procederá a prisión preventiva cuando al menos 3 personas se organicen para realizar alguno de los delitos y la cantidad de los comprobantes fiscales exceda los 7.8 millones de pesos. Si se cumple con dichos requisitos, los delitos se tipifican como “delincuencia organizada” y serán considerados como una «amenaza a la seguridad nacional».
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