De 2018 a la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 32 demandas por daño patrimonial como consecuencia de errores cometidos por sus funcionarios.
Además, desde la administración de Eduardo Medina Mora al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) a la actual administración de Alejandro Gertz Manero, en la FGR, la institución ha tenido que pagar más de 26 millones de pesos por demandas perdidas.
Estos reclamos derivaron de malas actuaciones de la PGR o la FGR, tales como omisiones, acusaciones falsas, abusos de poder, negligencia, despidos injustificados, entre otros, y las demandas fueron presentadas por extrabajadores o ciudadanos que se han visto afectados por negligencias.
Las demandas señalan como autoridades responsables a la directora general de Asuntos Jurídicos, Adriana Campos López; al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; al coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, al Órgano Interno de Control y al director de Obras de la Dirección General Adjunta de Infraestructura.
De acuerdo con los datos públicos de la FGR, hasta ahora en los litigios que ya perdió ha pagado 26 millones 808 mil 272.61 pesos por concepto de responsabilidad patrimonial.
En uno de esos casos, la fiscalía fue condenada a pagar 13 millones 300 mil pesos a la empresa Cetty Taxi Aéreo Nacional, S. A. de C. V., que en 1994 fue vinculada por la extinta PGR al Cártel de los Arellano Félix. Desde entonces, el Ministerio Público Federal (MPF) determinó asegurar provisionalmente la empresa incluyendo sus instalaciones, vehículos, aeronaves, bienes muebles, inmuebles y activos, al considerar que el dinero con el que operaba la misma era producto del narcotráfico.
Esto, debido a que durante un cateo en un inmueble supuestamente propiedad de la hermana del líder de los Arellano Félix fueron hallados documentos de esta empresa. Sin embargo, en 2004 un amparo determinó que no existían indicios para llegar a tal conclusión, pues el inmueble del cateo a partir del cual se vinculó a la empresa con el narco había sido vendido siete años antes, por lo que ya no pertenecía a la persona relacionada al cártel.
Además de que en una inspección ocular realizada en el mismo inmueble no quedó constancia de la existencia de los documentos de la empresa.
Por lo que ordenó levantar el aseguramiento, lo que fue posible ejecutar hasta el año 2006 luego de que la PGR agotó las impugnaciones que pudo presentar.
Por ello, la empresa reclamó la indemnización correspondiente a la PGR en febrero de 2007, en cuyo juicio resuelto por el TFJA en octubre de 2007 determinó que la actividad del MPF causó daño y perjuicio a la empresa.
“Causó un evidente daño y perjuicio a la empresa hoy reclamante, cuantificable en dinero, ante la imposibilidad de continuar las actividades propias de su objeto social, particularmente el ejercicio del transporte aéreo de personas y bienes, con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin tener obligación de soportarla por no existir sustento legal que lo obligue a ello”, señaló el tribunal.
Por ello, ordenó pagar una indemnización con base en las cantidades mensuales de dinero que la compañía dejó de ganar durante el tiempo que permaneció asegurada, es decir, 53 mil 204 pesos de cada mes de marzo, de 1994 a febrero de 2006.
Otro litigio que resalta fue resuelto por el TFJA el 14 de agosto de 2019, en el que la FGR fue condenada a pagar 8 millones 282 mil 275.73 pesos por el aseguramiento de un inmueble ordenado desde marzo de 1999.
En la demanda, los dueños del lugar reclamaron a la extinta procuraduría general no tomar las medidas necesarias para preservar el mismo ni realizó un inventario para evitar que los dueños sufrieran más pérdidas.Por ello, la empresa reclamó la indemnización correspondiente a la PGR en febrero de 2007, en cuyo juicio resuelto por el TFJA en octubre de 2007 determinó que la actividad del MPF causó daño y perjuicio a la empresa.
“Causó un evidente daño y perjuicio a la empresa hoy reclamante, cuantificable en dinero, ante la imposibilidad de continuar las actividades propias de su objeto social, particularmente el ejercicio del transporte aéreo de personas y bienes, con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin tener obligación de soportarla por no existir sustento legal que lo obligue a ello”, señaló el tribunal.
Por ello, ordenó pagar una indemnización con base en las cantidades mensuales de dinero que la compañía dejó de ganar durante el tiempo que permaneció asegurada, es decir, 53 mil 204 pesos de cada mes de marzo, de 1994 a febrero de 2006.
Otro litigio que resalta fue resuelto por el TFJA el 14 de agosto de 2019, en el que la FGR fue condenada a pagar 8 millones 282 mil 275.73 pesos por el aseguramiento de un inmueble ordenado desde marzo de 1999.
En la demanda, los dueños del lugar reclamaron a la extinta procuraduría general no tomar las medidas necesarias para preservar el mismo ni realizó un inventario para evitar que los dueños sufrieran más pérdidas.
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