Ciudad de México.- Los alcaldes de los municipios morenistas en Tamaulipas, fueron extirpados de las reuniones del Sistema Nacional de Seguridad Pública por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional porque están siendo investigados de entregar información al crimen organizado.
De acuerdo a la información rendida por el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional del Estado de Tamaulipas, el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Marco Antonio Hernández Chávez, se prohibiría el acceso a los Alcaldes, Carlos Peña Ortiz, del municipio de Reynosa, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de Nuevo Laredo.
Ambos brindarán información importante al Cartel del Golfo, y al Cartel del Noreste, antes, Los Zetas.
En tanto, Mario López “La Borrega” de Matamoros y Eduardo Gattas Báez, son investigados por lo mismo.
Las investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron que los grupos delincuenciales conocían el programa de los recorridos de las patrullas de las fuerzas del orden, y de la Guardia Nacional, lo que redujo en gran manera la eficacia de estas operaciones.
Al realizar el rastreo y tras operaciones encubiertas, efectivos de la SEDENA identificaron el origen de las filtraciones, siendo identificados elementos del ayuntamiento de Nuevo Laredo quienes proporcionaban información a elementos de la organización criminal conocida como Cartel del Noreste.
Este cartel es el que ha intensificado la violencia en la zona fronteriza y en la zona metropolitana de Monterrey, donde han incursionado provocando enfrentamientos con otros grupos como el Cartel del Golfo y el Jalisco Nueva Generación.
Por su parte la Guardia Nacional identificó miembros del Cártel del Golfo de Reynosa en reuniones con personajes ligados a la familia Peña Ortiz, donde se proporcionaba información acerca de los operativos realizados por Sedena, lo que facilita las acciones de grupos criminales afines a esa facción del CDG.
En el caso de Victoria, se descubrió la intención de altos funcionarios municipales en tratar de inyectar elementos del crimen organizado al departamento de Tránsito y Vialidad, que fue lo que provocó la reacción del Estado de Tamaulipas, e intensas evaluaciones al cuerpo de uniformados.
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