Aumentar el número de elementos en la Policía de Monterrey para que pueda asumir la responsabilidad en todo el territorio municipal cuesta aproximadamente 450 millones de pesos al año, y no se ha definido de dónde saldrán los recursos.
Hasta ahora, el Gobernador Samuel García y el Alcalde Luis Donaldo Colosio, ambos de Movimiento Ciudadano, han expresado su intención de resolver la división de responsabilidad de la seguridad que prevalece desde la creación en 1999 de la Policía regia.
El Gobierno mantiene la custodia de cerca del 60 por ciento del territorio de la capital que, por ley, antes era resguardada por Seguridad Pública del Estado, mientras el Municipio se encarga principalmente del Centro, una parte de la zona sur y un tramo de la zona poniente.
La transferencia de zonas inició en el 2000 al entrar en vigor una reforma al Artículo 115 constitucional que permitía a las capitales de los Estados tener su propia Policía.
Ésta avanzó durante las gestiones de los panistas Jesús María Elizondo y Felipe de Jesús Cantú, pero se frenó en los trienios de Ricardo Canavati, Adalberto Madero, Fernando Larrazabal, Margarita Arellanes, y los dos periodos de Adrián de la Garza.
Al rendir protesta el domingo, el Gobernador ofreció a Colosio resolver la unificación del control policial para el municipio, pues la intención es que Fuerza Civil permanezca como una corporación de apoyo de segundo nivel.
Sin embargo, no se ha planteado el principal obstáculo de la transferencia de responsabilidad, que es el tema financiero.
De acuerdo con fuentes oficiales, el costo de cada policía de Monterrey es de unos 450 mil pesos por año, incluyendo sueldo y prestaciones, más el equipamiento y vehículos que requiere.
Si la Administración regia contratara mil policías, como es su meta básica, requeriría 450 millones de pesos adicionales cada año.
Ayer, el Gobernador ofreció apoyo en capacitación y certificación de policías municipales en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, pero no mencionó transferencia de recursos, y menos aún de elementos, como llegaron a discutir anteriores Administraciones.
Consultadas por separado, fuentes del Estado y del Municipio dijeron que es inviable pretender enviar policías de Fuerza Civil a la Policía de Monterrey, pues las prestaciones que tienen eleva su costo casi al doble.
Mientras un policía municipal cuesta aproximadamente 450 mil pesos al año, los de Fuerza Civil rondan los 850 mil pesos por el programa de prestaciones y servicios que diseñó la iniciativa privada desde su creación, en el 2011.
Los policías del Estado tienen servicio médico de especialidad en hospitales privados, un programa de estímulos y cuarteles donde permanecen durante 14 días seguidos con servicio de alimentación, para luego salir siete días y regresar para otra catorcena de servicio.Según las fuentes, transferir esos elementos a la Policía de Monterrey podría provocar inconformidad y deserción, pero, además, un problema financiero para el Municipio por su costo y la obligación de homologar después las prestaciones a los elementos que ya tienen.
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