La Embajada de Estados Unidos en México lamentó el asesinato de la defensora de derechos humanos Gladys Aranza Ramos Gurrola y pidió investigación y justicia para la activista que fue asesinada el pasado 15 de julio en el municipio de Guaymas, Sonora.
Aranza Ramos pertenecía a los colectivos “Madres Buscadoras de Sonora” y “Guerreras Buscadoras de Sonora“, a los que se sumó durante la búsqueda de su esposo, Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido desde el 6 diciembre de 2020.
“Esperamos una investigación y justicia para Aranza”, expresó la Embajada en su cuenta de Twitter. Además, pidió al gobierno de México garantizar la seguridad de los familiares de personas desaparecidas.
La representación estadounidense también pidió que se proteja la integridad de Cecilia Flores, líder del grupo “Madres Buscadoras de Sonora”, quien aseguró, “también ha sido amenazada“.
Esperamos una investigación y justicia para Aranza. La seguridad de los familiares de los desaparecidos, así como la de Cecilia Flores, líder de @buscadorasonora, quien también ha sido amenazada, es crítica.
— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) July 20, 2021
Aranza Ramos era víctima indirecta de la violencia en México por la desaparición de su esposo, además ahora su hijo, de dos años de edad, se convierte en una nueva víctima tras el asesinato de la activista.
Por el crimen contra Ramos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) abrió una investigación por feminicidio ante los hechos ocurridos en el ejido Ortiz.
Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales y estatales que implementen medidas cautelares a favor de quienes integran el colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, así como para los familiares de Ramos.
La CNDH hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) a que realice una investigación exhaustiva respecto a las amenazas de muerte contra la defensora Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, provenientes de usuarios desconocidos en la red social Facebook, desde hace un mes.
En uno de los últimos mensajes de amenaza advirtieron a Flores Armenta: “Señora, cuídese mucho porque sé que de ahí sigue usted”, en alusión al asesinato de Gladys Aranza Ramos.
Este domingo, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora exigieron justicia.
Exhortaron también a Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, a que “fortalezca” el sistema estatal de búsqueda y que “mejore” a la Comisión Local de Búsqueda, con “una efectiva coordinación de todas las instituciones encargadas de buscar y procurar justicia por las personas desaparecidas”
El asesinato de Aranza Ramos en Sonora
En el comunicado conjunto, los colectivos en los que participaba Aranza Ramos detallaron que la joven, de 28 años, fue asesinada en su domicilio de Ejido Ortiz, municipio de Guaymas, luego de un largo día de trabajo de campo y rastreo junto a otras mujeres de los colectivos e integrantes de la Comisión Local de Búsqueda.
«Dados estos lamentables hechos, como colectivos de personas desaparecidas de Sonora vemos con preocupación que nuestra integridad y seguridad está en riesgo, y se perjudican nuestras labores de búsqueda», dicen en el comunicado.
Afirman que «en el Ejido Ortiz se han encontrado varios crematorios clandestinos» y consideran que se trata de un lugar de extermino activo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció enérgicamente al respecto. La dependencia urgió al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador a proteger la seguridad y los derechos de todas las personas que se ven obligadas a realizar acciones de búsqueda en el país. “¡No queremos más madres buscadoras muertas!”, exigieron en un comunicado.
Y es que el de Aranza no es el primer caso de ese tipo que se vive en México. Por el contrario, trae a la memoria colectiva otras tragedias similares ocurridas en los últimos años. Por ejemplo, el caso de Marisela Escobedo.
Al igual que la de Aranza, la de Marisela Escobedo es, por un lado, la historia que en promedio viven 10 mujeres al día en México. Y a la par, la de la lucha y el reclamo de los familiares y seres queridos de las víctimas de desapariciones y feminicidios en el país. Todo su andar representó casi un antes y después en la demanda de justicia para este tipo de casos, a nivel nacional.
El peregrinar de Marisela Escobedo inició en agosto de 2008 cuando su hija Marisol Rubí Frayre Escobedo fue violentamente asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde residían. El feminicida fue la propia pareja de Rubí, Sergio Rafael Barraza.
En un principio no quedaba claro cómo había desaparecido su hija, así que Marisela lo indagó por su propia cuenta al ver que las autoridades de justicia no hacían lo propio. Consiguió un testigo de los hechos a quien Serio Rafael había confesado el crimen. Pero para ese momento este ya había escapado. Y una vez más, Marisela hizo el trabajo de las autoridades y dio con su paradero en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
El asesino fue detenido. Sin embargo, pese a que prácticamente confesó el asesinato de Rubí, los jueces que llevaban el caso lo absolvieron. La madre de la joven víctima no desistió y logró que se cambiará la sentencia y lo encontraron culpable. Pero el feminicida ya se había fugado.
Nuevamente hizo por su cuenta lo que le tocaba al Estado. Otra vez dio con él, pero algo era distinto: Sergio Rafael Barraza era ya un miembro más del grupo criminal los “Zetas”. Marisela fue asesinada la noche del 16 de diciembre de 2010 enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Sergio Barraza fue el autor intelectual.
Otro caso que recuerda el de Aranza, es el asesinato de Miriam Rodríguez, ocurrido en el 2017 en Tamaulipas. Su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desapareció a los 16 años, en enero de 2014, en el municipio de San Fernando, donde vivían. Ella se encontraba a bordo de su vehículo cuando varios sujetos le bloquearon el paso y se la llevaron secuestrada. Posteriormente, y después de cobrar varios rescates a cambio de su libertad, la joven fue asesinada.
Desde que su hija desapareció, Miriam Rodríguez se abocó a un objetivo: encontrar a los asesinos de la menor y llevarlos, uno a uno, tras las rejas. Armada con una pistola, tarjetas de identificación falsas y disfraces, Miriam rastreó a los responsables del asesinato de su hija. Logró colocar tras la rejas a una decena de criminales, lo que la volvió famosa, pero bastante vulnerable.
En marzo de 2017 más de 20 presos se escaparon del penal en Ciudad Victoria, entre ellos los asesinos de Karen. El 10 de mayo de 2017, tres de ellos la mataron a tiros frente a su casa.
Solo durante la actual administración, que arrancó en diciembre de 2018, un total de 68 defensores de los derechos humanos y activistas ambientales han sido asesinados. Aranza Ramos Gurrola sería la número 69. Pero el peligro sigue latente. Y es que no conforme con el asesinato de ella, los criminales en Sonora amenazaron ya a sus compañeras del colectivo de búsqueda en esa entidad.
“El Estado y sus instituciones tienen la obligación de proteger y garantizar la vida de todas sus ciudadanas y ciudadanos, y su derecho a una vida libre de violencia”, reclamó la CNDH.
Esta nota incluye información de Latinus, CNN & Infobae
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