El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña realizó diferentes compromisos con los millones de víctimas que tiene el país; hoy desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las mentiras y la negligencia de la nueva comisionada Mara Gómez Pérez, incide en la haraganería para que los perjudicados se cansen y renuncien a las medidas que constitucionalmente corresponden a los deudos.
Ciudad De México, 26 de Marzo de 2020.- Protegida por el grupo político de Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero, la actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Mara Gómez Pérez luego de permanecer 13 años en la Suprema Corte de Justicia observando las estrategias de los jueces para tumbar amparos y sortear constitucionalidades, sin ningún trato a las víctimas fue posicionada el pasado mes de diciembre en un ambiente obscuro y sin soporte civil, lo que ha ocasionado una parálisis institucional afectando a más de cinco mil 600 víctimas registradas ante el registro nacional de víctimas y ante la CEAV que tiene medidas económicas según documentación de transparencia.
La protección de la ahora Secretaría de Gobernación y de grupos oscuros hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la posicionan en un aparato sensible el cual solamente está designado para sostener y reparar a las 32 mil víctimas registradas por las violaciones sistemáticas de quienes han sido afectados en sus garantías y en las de sus familias.
A aproximadamente 120 días de la dilación burocrática y los cambios internos a los protocolos de atención en el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), ha ocasionado que un grupo de personas desplazadas tome las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por la re-victimización sufrida por esta actual administración violentando sus derechos Constitucionales y los plasmados en la Ley General de Víctimas.
Un grupo de desplazados del colectivo 10 de marzo y otros se manifestaron ocupando las instalaciones de la comisión, en la cual han obtenido agresiones de parte de los funcionarios que han querido retirarlos del lugar a 38 días de mantener su manifestación pacífica, inclusive por parte de miembros del Consejo Consultivo, de lo cual ya existe denuncia ante la Fiscalía General de la República por violaciones a su derecho a la manifestación y libertad de expresión.
Las víctimas de desplazamiento solicitaron innumerables veces reunirse con la actual titular, sin embargo hasta a mediados del mes de diciembre comenzó a recibir a colectivos argumentando que estaba recomponiendo todo el caos administrativo que dejó el ex-Comisionado Jaime Sergio Rochín del Rincón, y quien salió abruptamente, frente a los reclamos que hicieran familias víctimas del incendio en la Guardería ABC, al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En aquellas reuniones, manifestó no conocer ni siquiera cuáles son las cinco medidas de reparación, a saber: la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantí́as de no repetición; bien dicen por ahí que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Todo esto puede ser probado con los audios y demás manifestaciones que se tienen publicadas por El Universal y otros medios que han dado seguimiento y difusión al caso sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. (Aquí se incluyen textos citados en El Universal y Dossier Político).
El proceder de la CEAV con esta administración, y las pasadas, no se ha caracterizado por respetar el principio de legalidad, ello se prueba con el hecho de que durante 2018, fueron revocadas mediante el juicio de amparo, 63 resoluciones de reparación del daño por no estar apegadas a derecho (solicitud 00633000170190); mientras que para el 2019 se promovieron 64 amparos, de los cuales 18 se encuentran en fase de cumplimiento, al 6 de febrero de 2020 (solicitud 006300000420).
La Comisionada desde las primeras reuniones dejó muy en claro que continuaría litigando en contra de las víctimas a cómo diera lugar. En otras palabras, que utilizaría recursos públicos, para disminuir o impedir el acceso de las víctimas a sus derechos vía tribunales. Ahí comenzaron una serie de conductas que son probablemente constitutivas de delito; entre las que se destacan algunas de las más relevantes:
I. Declaró con falsedad ante la autoridad judicial, al asegurar a un juez que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), con que cuenta esta Comisión, tiene recursos por la cantidad de $234,900,000.00 M.N. (doscientos treinta y cuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N), cuando ese era el sobrante del ejercicio 2019, y para el 2020, tiene un presupuesto asignado por $430,113,965.00 (cuatrocientos millones treinta y ciento trece mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
II. Declaró con falsedad ante la autoridad judicial, al asegurar a un juez que la CEAV había erogado un total de $368,498,857.34 M.N. (trescientos sesenta y ocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 34/100 M.N.), para “X” colectivo de víctimas, contabilizando instrumentos de los cuales no forma parte ni tiene ninguna participación presupuestaria.
III. Suspendió todos los pagos de medidas complementarias de compensación, lo que viola la Ley General de Víctimas, su Reglamento y las Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
IV. Ha incumplido sistemáticamente con sentencias de amparo que ya están en fase de cumplimiento, y que no aceptan ningún otro recurso legal, por ello, diversos juzgados de distrito en materia administrativa le han impuesto multas y medidas de apercibimiento, se han abierto incidentes de inejecución ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, y existe un proyecto de “sepárese y consígnese”.
Adicionalmente, para retrasar el acceso a la justicia, la Comisionada ha remitido constancias que no tienen relación con los cumplimientos, y ha acudido personalmente ante los juzgados y tribunales, haciendo gala de su “influencia” en el Poder Judicial de la Federación, para litigar contra sus contendientes, las víctimas.
Lo anterior, además de violar el derecho a la reparación que tienen, es contrario a la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) y jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), toda vez que el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualiza cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes, es una forma de INCUMPLIMIENTO.
En este escenario, la Comisión Ejecutiva además ha utilizado los recursos institucionales para hostigar y denunciar a las víctimas que se han atrevido a alzar la voz y hacer un reclamo social ante todos los atropellos vividos.
El descaro de la Comisionada no tiene límites, no solo procedió penalmente en contra de víctimas que ejercían su derecho a manifestarse, además ha utilizado esa denuncia para justificar la falta de cumplimiento a las sentencias de amparo, es decir, que ha incluido las constancias de la denuncia en cada uno de los juicios, lo que evidentemente genera una victimización secundaria.
Por estos y otros hechos, el pasado 26 de febrero de 2020, una familia de víctimas de desplazamiento presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la Comisión Ejecutiva, Dra. Mara Gómez Pérez y quien resulte responsable por el delito de abuso de autoridad y declaración de falsedad ante la autoridad judicial. Sin embargo, la Fiscalía ha sido omisa hasta la fecha en informar cuál es el estado que guardan las investigaciones.
El 11 de marzo de 2020, el diario El Universal publicó la nota: “TODOS CREEN QUE SOMOS LA LOTERÍA; CRÍTICA COMISIONADA A VÍCTIMAS; REVELAN AUDIOS”, en la que se filtraron audios en los que la Comisionada se expresa con desprecio hacia las víctimas y hace alarde de su influencia sobre el Poder Judicial. (Se anexa audio)
En ese sentido, resulta evidente que la Comisionada tiene la dolosa intención de incumplir con las sentencias de amparo, y que para ello está utilizando su “influencia” en el Poder Judicial de la Federación.
El 12 de marzo de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con las familias de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora; contrario a lo que esperaba el mandatario, la reunión terminó tensa y antes de tiempo, se salió apresuradamente y enojado. ¿El motivo?, el reclamo colectivo de las familias para destituir inmediatamente a la Comisionada Ejecutiva Mara Gómez Pérez y que el Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, deje de ser intermediario, porque contrario a todo lo que “prometió” el Presidente sobre la reconciliación nacional, ambos funcionarios, hoy son los principales culpables de que a las víctimas no se les otorgue verdad, justicia y reparación.
Ese mismo 12 de marzo, el diario El Universal, publicó una diversa nota titulada “ABOGADOS VEN CAJA DE DINERO SIN FIN EN LA CEAV”, en la que se advierte que existen abogados que llevan conflictos millonarios para favorecer a las víctimas, además de hacer cuentas en las cuales ella misma no entiende y se enfrasca sin saber realmente cuántas víctimas existen y cuánto dinero se ha erogado, además de saber cómo funciona el fondo de asistencia y reparación de la misma.
Por documentos de transparencia que obran en nuestro poder se obtuvo la siguiente información donde se detalla que al corte de agosto del 2019 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el 24 de octubre de 2019; cinco meses después de la renuncia de Jaime Rochin ex titular de la CEAV en junio de 2019, se habían erogado $ 651.7 millones de pesos por gastos funerarios, médicos, peritajes, alojamiento, alimentación, becas y traslados. En el mismo documento se informa del pago de compensaciones como parte de la reparación integral por 1 mil 017.7 millones de pesos en beneficio de 1,549 víctimas.
Asimismo, otros documentales de transparencia revelan el gasto que se ejerció en 2019 en el rubro de útiles de oficina e infraestructura por $304,762 miles de pesos y en infraestructura de cómputo por $15 millones 660,951 miles de pesos, siendo que con la aplicación de la ley de austeridad solamente en este año en curso y a 4 meses de la gestión de María Gómez Pérez se proyectó el el gasto en útiles de oficina por $1 millón 899,244 miles de pesos y en cómputo por $26 millones 922,531 miles de pesos, esto sin contar que la titular percibe un sueldo mensual de $ 209.168.00 miles de pesos, contrastando con lo aplicado en la ley, donde se señala que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este 26 de marzo la Comisión Ejecutiva por parte de su aparato de comunicación social señala que se heredaron contratos por 43 millones de pesos por la pasada administración de la CEAV, firmados según el documento el pasado 22 de noviembre de 2019. Esto después de que Jaime Rochín del Rincón entregó su renuncia con fecha de 15 de junio del 2019 y quien firmase los contratos con firmas diferentes sería la encargada de despacho propuesta por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez; la Dra. María de los Ángeles Haces, quien ahora se desempeña como Directora General de los Centros Integrales de Atención a Nivel Nacional.
Información Cambio.Press
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