Tras desistirse de un amparo y las quejas contra una orden de extradición en su contra, el exgobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, será entregado a las autoridades de Estados Unidos en cuestión de días.
Será juzgado por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado, fraude bancario y fraude mediante transferencias electrónicas por 8.8 millones de dólares.
Torres López, quien sucedió en el gobierno a Humberto Moreira, envió la semana pasada una misiva al titular de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, que ya no había impedimento alguno para extraditarlo a Estados Unidos, pues ya no tiene proceso pendiente en México.
El exgobernador se desistió del amparo y las quejas contra la orden de extradición dictadas el pasado 19 de junio por la SRE, recursos legales que ya fueron cancelados en forma definitiva.
“Por ende, ha quedado firme el acuerdo dictado el 19 de junio de 2019 mediante el cual se concedió la extradición del suscrito a los Estados Unidos”, dice Torres en la carta enviada a Ebrard.
Y ante ello “atentamente” le pide:
“Se digne: primero, comunicar al Estado solicitante el acuerdo favorable de extradición. Segundo: llevar a cabo la entrega de manera inmediata por la vía y conducto legales”.
Torres López fue designado gobernador de Coahuila cuando el entonces mandatario estatal, Humberto Moreira, solicitó licencia para contender por la presidencia del PRI.
Sin de hecho, siempre trabajó al lado del priista pues cuando Moreira fue alcalde de Saltillo, Torres López fue su tesorero y contralor.
Cuando Moreira asumió la gubernatura en diciembre de 2005 nombró a Torres su secretario de Finanzas, cargo que ocupó hasta 2007 cuando asumió la presidencia municipal de Saltillo en sustitución de Fernando de las Fuentes.
En 2010 se reintegró a la administración estatal como secretario de Desarrollo Social y, finalmente, el 4 de enero de 2011 el Congreso lo designó gobernador de Coahuila luego de que Moreira solicitara licencia.
Fue justo en el periodo de Torres que ocurrió la “masacre de Allende“, en la que miembros de Los Zetas desaparecieron y presuntamente mataron a decenas de personas sin intervención de autoridad local alguna.
En Estados Unidos, el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, El Rey de los Dragones, fue acusado de conspirar para transportar, transmitir, transferir dinero ilegal, fraude bancario y haber sobornado a funcionarios públicos de otro país, robo y malversación de fondos públicos.
Y según la justicia estadunidense, a través de su empresa Rodmax en Estados Unidos Castillo Cervantes realizó pagos a diferentes gobernadores, entre ellos Jorge Torres López y gobernadores de Aguascalientes y Tamaulipas, así como a Humberto Moreira de Coahuila.
De acuerdo con una declaración ante una Corte Federal con sede en Corpus Christi, donde se acusa a Castillo Cervantes de haber conspirado en una “sofisticada” red de “lavado”, El Rey de los Dragones pagó 80 millones de pesos en sobornos a Jorge Torres cuando este era secretario de Finanzas.
En ese juicio se acusó a Torres López de recibir sobornos por 6.8 millones de dólares por proyectos de pavimentación en Coahuila.
Con información de El Siglo de Torreón
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