El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y funcionarios de su Administración declararán ministerialmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa.
Así lo acordaron en una reunión que sostuvieron con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso en la que también participaron padres de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
En el encuentro celebrado este martes en la Secretaría de Gobernación, participaron además de Aguirre Rivero, el exfiscal del estado, Iñaki Blanco; Jesús Martínez, quien era secretario de Gobierno; y Leonardo Vázquez Pérez que fungía como secretario de Seguridad Pública de Guerrero.
Este último, llamó particularmente la atención de la defensa de los padres de los jóvenes desaparecidos, pues evadió cuestionamientos hechos en el encuentro.
“Hay varias preguntas, huecos de información, que se le plantean, por ejemplo la relación de policías ministeriales con Guerreros Unidos, hay datos y documentos que apuntan hacia allá, también hay datos de que policías estatales tuvieron los teléfonos de los estudiantes”, dijo el abogado de los familiares de los jóvenes, Vidulfo Rosales.
“Ellos están dando evasivas, el secretario de Seguridad Pública dijo que él no tiene esa información; también se le cuestionó que la policía estatal, antes del hallazgo del basurero de Cocula, ya tenía custodiado el lugar, y lo único que responde es que él no tuvo esa información. Hay evasivas”, añadió.
No obstante, el defensor dijo que pese al compromiso de los exfuncionarios estatales, los padres desconfían de la información que puedan aportar.
Cabe mencionar que Aguirre Rivero aprovechó el foro para condenar la liberación de Gildardo López Astudillo, el Gil, y de más de una veintena de policías municipales.
“Hay que juzgar al juzgador también y le corresponde al Consejo de la Judicatura llamarlo para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas”, pidió Aguirre quien, además, cuestionó si su renuncia sirvió de algo para resolver el caso, pues aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca quiso oír su versión de los hechos.
(Con información de Milenio y Reforma)
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