En el último tramo de la Administración de Enrique Peña Nieto, la Policía Federal arrendó patrullas con sobreprecios a través de un contrato anómalo, tramitado de manera expedita y que incluso no fue cumplido cabalmente por el proveedor.
Se trata de 1 mil 500 patrullas para la corporación policiaca cuyo arrendamiento fue aprobado por la Secretaría de Gobernación con una adjudicación directa, justo una semana después de que el PRI perdió la elección en julio de 2018.
El contrato fue adjudicado a la empresa Integra Arrenda, de Grupo Andrade, por alrededor de 4 mil 300 millones de pesos hasta el año 2021.
Según las investigaciones, los montos del contrato se pactaron con sobreprecios y, además, hubo incumplimientos en la entrega y en las características y equipamiento pactado para las patrullas, y que en su momento no fueron sancionados por los funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, adscrita a la Segob.
El contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2018, que ahora está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) establece la renta de 100 patrullas Pick ups doble cabina blindadas RAM 2500 Heavy Duty modelo 2018; otros 800 autos Dodge Charger 2018 y 600 Pick ups RAM 2500 SLT sin blindaje.
Para hacerlo de forma directa, las autoridades argumentaron que, de hacer públicas las características requeridas, se pondría en riesgo a los policías.
Por esa razón, la Federal realizó una “investigación de mercado” y durante cuatro días solicitó cotizaciones a cinco empresas, una de ellas con domicilio fantasma y otra a un pequeño negocio de renta de autos en una zona popular de Cuernavaca.
Se dio un anticipo de 194 millones 795 mil 227 pesos; se comprometió hacer dos pagos anuales en 2020 y 2021 de 1 mil 584 millones 750 mil 240 pesos cada uno y una liquidación final por 792 millones 375 mil 120 pesos, en la terminación del contrato pactado para el 07 de julio de 2021.
Las 1 mil 500 patrullas, según el contrato, fueron distribuidas en las 32 coordinaciones estatales de la PF en el país, con pólizas de 3 millones de pesos por evento y un seguro de muerte por 150 mil pesos por cada ocupante.
El acuerdo fue firmado por Héctor Martínez Cordero, secretario general de la PF, y funcionarios de la Coordinación de Servicios Generales, de la Dirección de Recursos Materiales, y de la Dirección de Transportes de la PF.
Según las indagatorias, los exfuncionarios podrían estar vinculados a corrupción administrativa, cohecho y abuso de atribuciones.
(Con información de Reforma)
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