El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo advirtió que auditarán la adquisición de un sistema de inteligencia comprado a sobreprecio en 2015
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo informó este jueves que uno de los personajes que encabezan las protestas de policías federales contra la Guardia Nacional estuvo preso varios años por el delito de secuestro.
Se trata de Ignacio Benavente Torres, quien se asume como presidente de una organización en Tijuana llamada Pro Libertad y Derechos Humanos en América A.C.
Durazo Montaño ofreció una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de Patricia Trujillo Mariel, quien es coordinadora operativa de la Guardia Nacional y ayer fue agredida en el Centro de Mando de la PF en Iztapalapa cuando intentó dialogar con los inconformes.
El funcionario, dijo que detrás de las protestas hay personas “ligadas a grupos de interés” e incluso acusó que ha habido un intenso activismo de parte del expresidente Felipe Calderón en la rebelión de los agentes federales de seguridad.
La prueba de ello, comentó, es que uno de los policías inconformes propuso que el exmandatario panista fuera su representante sindical.
“No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical”, declaró el secretario.
Además, consideró que detrás del movimiento también hay otros exfuncionarios que han manifestado su apoyo a los agentes federales en entrevistas con medios de comunicación y en redes sociales.
Sin embargo, se negó a nombrar directamente a estos exservidores públicos.
Entre otras cosas, Durazo Montaño detalló que el 07 de febrero se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por supuestas irregularidades en la contratación y adquisición de un sistema de inteligencia conocido como “Rafael”, que se contrató en diciembre de 2015 a un sobreprecio.
“Se adquirió por 2 mil 458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia, a través de la partida 33701 de gasto de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones del Estado, violando procedimientos establecidos de la norma”, explicó.
Además, dijo que aún hay adeudo por 1 mil 300 millones de pesos aproximadamente.
“Queremos informar que además de las denuncias en la Función Pública, se presentarán denuncia penal por estos hechos contra quien resulte responsable”, señaló.
(Con informacion de elmananerodiario)
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