CIUDAD DE MÉXICO.- La llamada Semana Santa, festividad superior de la cristiandad –tan arraigada en México que es período vacacional–, se vio perturbada esta vez por dos hechos de violencia que, como en los sexenios pasados, quedan como marca dolorosa en el primer semestre de la administración.
Primero, fue el ataque registrado el 13 de abril en la exhacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos, con saldo de cinco muertos y una decena de lesionados; y luego, el de Minatitlán, el viernes 19 de abril, con saldo de 13 muertos.
Los dos ataques tienen por común denominador la muerte de civiles y, dolorosamente de cuatro niños –tres en el caso de Cuautla, un bebé en el ataque de Minatitlán–, reflejo de una barbarie que invade este país y plaga los relatos periodísticos –no por fifís ni conservadores sino porque son los hechos– desde hace al menos 12 años.
Ya sabemos cómo es que llegamos aquí, cómo fue que el fracaso en todas las estrategias gubernamentales mantuvo el horror, realidad persistente que se manifiesta a lo largo y ancho del territorio nacional y que en buena medida motivó la esperanza en una propuesta diferente, en una oferta de gobierno distinta.
Es la esperanza que mantienen millones de personas por ver concretarse aquello que se dijo ampliamente en el discurso derechohumanista respecto a atender las causas profundas, generadas por la desigualdad; en la definición política de un presidente que asume la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos de manera personalísima y, en la conciencia generalizada de que el imperio del terror sólo es posible como resultado de la complicidad de agentes del Estado en su instauración.
Y como se sabe y fue ese pasado reciente lo que motivó el voto, lo que incomoda es que sea tan indispensable para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el recordarlo llevando al terreno del diferendo político la falta de eficacia de las fuerzas del Estado (por decir lo menos) hoy, cuando lo que ocurre, y precisamente por asumirlo de manera personalísima, de él depende.
Cierto es que el problema de la violencia viene de antes y cambiar las cosas, tarda. Pero los hechos ahí están, no son producto de lo que el mandatario caricaturiza en lo “fifí”, “conservador” y cosa de “adversarios”, aun cuando estos puedan usar –dicho sea de paso, legítimamente— esos hechos en su narrativa opositora, su ejercicio crítico y en ejercicio de su libre opinión.
Remitir a los adversarios frente a hechos de sangre, es maniobra evasiva o, para usar esta jerga a la que es tan afecto el mandatario, un lavado de manos a lo Poncio Pilatos, para justificar uno de los primeros fracasos de la remilitarización que vino con su sexenio.
Hay que recordar que, aun sin formalizar la Guardia Nacional, el despliegue militar fue medida autorizada en el ámbito legislativo por el que inclusive el mandatario reclamó cuando los diputados eliminaron un artículo transitorio de la reforma constitucional al efecto, y que terminaría subsanándose a su gusto en el Senado. Y hay que recordar también que uno de los despliegues enormes de personal militar fue precisamente a Minatitlán desde el pasado enero.
Y, por supuesto, está la indolencia hacia las víctimas (que, por cierto, no es la primera vez que se nota), ya que preocupado por su condición política, suele dejarlas en segundo plano y hasta borrarlas de sus expresiones tornándose líder inhumano, incapaz de una palabra al menos por los niños asesinados antes que por “los sepulcros blanqueados”.
Hasta ahora su narrativa ha funcionado para millones que mantienen la esperanza en un cambio, pero no por eso es acertada. La esperanza, en este caso por la seguridad, se estrella tarde o temprano con la realidad abominable, de la que el gobierno, lo encabece quien sea, es ineluctablemente responsable.
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