CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República como el titular del Poder Ejecutivo más votado en la historia de México. Ahí su fuente de legitimidad. Pero también, su obligación de preservar las reglas democráticas que hicieron posible su llegada al poder largamente buscado.
Esas reglas le permitieron también a su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtener una amplia mayoría en Congreso y el control de 19 legislaturas de la Federación.
La manera en que se ha comportado la hegemonía legislativa federal desde que comenzó la LXIV Legislatura, en septiembre pasado, poniéndose al servicio del nuevo gobierno, ha generado uno de los riesgos más graves para la democracia mexicana: la concentración del poder.
El tono y el discurso del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, durante las posiciones de los grupos parlamentarios antes de la toma de posesión de López Obrador, ratificaron esa peligrosa tendencia.
Disminuida, la oposición reclamó la división de poderes, un tema que el nuevo Presidente soslayó de plano en su discurso ante el Congreso, teniendo a un lado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar.
Han pasado apenas tres décadas desde que el país empezó a sacudirse del régimen de partido hegemónico del PRI. En 1987, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo –ahora presidente del Congreso– iniciaron el sisma que acabó en el 2000 con la salida del PRI de Los Pinos, los poderes formales del Estado giraban en torno al Presidente.
Además de ostentar el Ejecutivo, el Presidente decidía en el Legislativo y en el Poder Judicial. Lo mismo en los distintos niveles de gobierno: ponía y quitaba gobernadores y hasta presidentes municipales.
Desde Tabasco, López Obrador se sumó a la destrucción de ese régimen. Ahora, como Presidente proyecta una sombra de restauración de ese viejo presidencialismo.
La creación de una poderosa estructura política paralela a través de los superdelegados en cada uno de los estados de la República, concedida por Morena en el Congreso, su añeja confrontación con el Poder Judicial y las iniciativas del ahora partido oficial para “darle una sacudida” a los jueces y magistrados del país, expresan con claridad un afán de control y no de equilibrio del poder.
El discurso de López Obrador al asumir la Presidencia de la República, resultó anticlimático, reiterativo y sin novedad alguna después de los cinco meses frenéticos en que redefinió la agenda nacional.
Con información de Proceso
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