REYNOSA, Tamaulipas.— La denuncia ya dejó de ser un rumor de pasillo. Periodistas y directores de medios en Reynosa están acusando que desde el Ayuntamiento encabezado por Carlos Peña Ortiz se habría intentado utilizar la publicidad oficial como herramienta de presión para decidir quién puede aparecer en la cobertura política y quién debe ser borrado.
El señalamiento más delicado es concreto: comunicadores aseguran que desde el área de Comunicación Social se les habría pedido reducir o suspender publicaciones sobre la diputada local Magaly Deandar y, al mismo tiempo, dar mayor exposición a otros perfiles políticos con aspiraciones rumbo a la alcaldía en 2027. Algunos afirman que la advertencia incluyó posibles retrasos, cancelaciones o afectaciones a sus convenios de publicidad.
La gravedad del caso está en el dinero.
Los convenios de comunicación social no se pagan con recursos privados del alcalde ni del partido. Se pagan con presupuesto público. El propio Ayuntamiento de Reynosa reconoce en su portal de transparencia que contrata servicios de publicidad oficial mediante convenios con medios y proveedores, con recursos presupuestales destinados específicamente a difusión institucional.
Y existe otro dato que vuelve más delicado el señalamiento: el actual coordinador de Comunicación Social, Aldo Noé Hidalgo Escalante, tiene facultades delegadas para intervenir en la suscripción de contratos y convenios relacionados con difusión de actividades del Ayuntamiento. Es precisamente su nombre el que aparece en los testimonios de comunicadores que aseguran haber recibido las presuntas instrucciones.
Carlos Rafael Cortez, director de Educare Noticias, denunció públicamente que Hidalgo le habría comunicado tres directrices: no publicar información negativa sobre funcionarios municipales, no difundir contenido relacionado con Magaly Deandar y favorecer publicaciones sobre determinados perfiles políticos.
Según su versión, cuando manifestó su desacuerdo, recibió una respuesta directa: si no aceptaba las condiciones podía acudir a la oficina para dar por terminado su convenio.
Jaime Aguirre, director de Visión de Noticias, hizo pública una acusación similar. Señaló que un funcionario municipal le habría advertido que publicar información sobre Magaly Deandar podría significar la cancelación del convenio publicitario que mantiene con el gobierno local.
Ya no se trata, por tanto, de una sola voz.
Otros reporteros han denunciado presiones semejantes y algunos han solicitado mantener reservada su identidad por temor a consecuencias económicas. Los testimonios coinciden en el mismo punto: evitar publicaciones sobre Deandar y favorecer cobertura de perfiles vinculados al grupo político que gobierna Reynosa.
Hasta el momento no se ha acreditado públicamente una orden escrita ni existe una resolución administrativa o judicial que determine responsabilidades. Pero las denuncias ya están hechas y quienes las formulan hablan de conversaciones directas, convenios y posibles afectaciones económicas.
El dinero público en el centro
La publicidad oficial tiene una finalidad institucional: informar sobre programas, servicios, campañas y acciones gubernamentales.
No fue creada para dirigir líneas editoriales.
Mucho menos para intervenir en una competencia política interna.
Si los testimonios se respaldan con mensajes, audios, órdenes internas, contratos cancelados, retrasos selectivos o pagos condicionados, el asunto podría dejar de ser una disputa entre periodistas y funcionarios para convertirse en un expediente administrativo, electoral e incluso penal que tendría que ser revisado por las autoridades competentes.
Hay una ruta documental sencilla para empezar:
Los convenios existen.
Los contratos tienen números.
Los proveedores están identificados.
Los montos son públicos.
Las fechas de pago pueden rastrearse.
Y cualquier modificación posterior a las supuestas instrucciones también puede revisarse.
Ese cruce permitiría saber si algún medio perdió un contrato, vio retrasado un pago o sufrió cambios en sus condiciones después de negarse a modificar su cobertura.
Otro frente para Carlos Peña Ortiz
La nueva polémica llega apenas semanas después de otro episodio que colocó al gobierno de Reynosa bajo escrutinio.
Carlos Peña Ortiz reconoció públicamente que desde 2023 funcionarios municipales habían recorrido la Brecha El Becerro por denuncias relacionadas con residuos peligrosos y que durante esas visitas tuvieron conocimiento de predios clausurados por autoridades ambientales.
Tres años después, en ese mismo corredor, fuerzas federales localizaron instalaciones relacionadas con almacenamiento y presunto procesamiento ilegal de hidrocarburos y aseguraron millones de litros de combustible.
El alcalde se deslindó entonces argumentando que los municipios no tienen competencia para regular actividades relacionadas con hidrocarburos.
Ahora la controversia es distinta, pero vuelve a tocar una pregunta básica sobre el ejercicio del poder municipal: qué sabía el Ayuntamiento, quién tomó decisiones y qué documentos existen para probarlo.
En el caso de los medios, la respuesta debería ser todavía más sencilla.
Si nunca existió una orden para condicionar convenios, el Ayuntamiento puede exhibir los criterios utilizados para contratar publicidad, explicar los pagos y transparentar las comunicaciones con los medios involucrados.
Si sí existió, alguien tendrá que explicar quién la dio y con qué facultades.
Porque pagar difusión institucional es una función legítima de cualquier gobierno.
Usar ese dinero para decidir quién puede ser noticia sería otra cosa.
Y en Reynosa, esa es precisamente la acusación que ya comenzó a romper el silencio.
Descubre más desde México Rojo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
