CIUDAD DE MÉXICO.– El general retirado Audomaro Martínez Zapata, quien encabezó el Centro Nacional de Inteligencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dejó antes de abandonar el cargo un candado de cinco años sobre las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del CNI.
La resolución CNI/CT/080/24, fechada el 27 de septiembre de 2024, confirmó la reserva de esa información bajo argumentos relacionados con seguridad nacional. El documento establece que las declaraciones patrimoniales no serían públicas mediante DeclaraNet ni el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
El propio Martínez Zapata aparece firmando la determinación en su carácter de director general del Centro Nacional de Inteligencia y como integrante de su Comité de Transparencia.
La decisión adquiere otra dimensión por los negocios relacionados con su entorno familiar.
De acuerdo con información publicada a partir de registros de contratación pública, Grupo Centurión Combustibles SAPI de CV obtuvo 69 contratos gubernamentales por 523.8 millones de pesos entre enero de 2019 y mayo de 2023, para suministrar distintos tipos de combustible a dependencias federales. La información periodística documentó vínculos societarios entre esa empresa y Diana Yamilet Hernández Zárate, esposa del general.
El periodo coincide con los años en que Martínez Zapata dirigía el principal organismo civil de inteligencia del Estado mexicano.
El contexto del huachicol fiscal
La reserva patrimonial vuelve a cobrar importancia ante las investigaciones sobre las redes de contrabando de combustible que operaron desde aduanas marítimas durante el sexenio pasado.
La Fiscalía General de la República ha atribuido al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a su hermano Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, participación en una estructura relacionada con huachicol fiscal, corrupción y operaciones de lavado de dinero. Manuel Roberto Farías enfrenta proceso penal por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
En septiembre de 2026, además, fueron desclasificadas declaraciones patrimoniales de 78 exintegrantes de la Marina después de que la propia dependencia solicitara abrir esos registros en medio de las investigaciones por huachicol fiscal.
El contraste es inevitable: mientras información patrimonial de mandos navales vinculados con esas investigaciones comenzó a hacerse pública, las declaraciones del personal del CNI permanecen bajo reserva hasta 2029 por una resolución firmada por el propio Audomaro Martínez.
El otro expediente: La Barredora
Martínez Zapata también ha sido señalado políticamente por el manejo de información de inteligencia relacionada con Hernán Bermúdez Requena.
En la Cámara de Diputados se ha planteado que documentos e información conocidos públicamente indicarían que desde 2019 existían reportes que relacionaban a Bermúdez con actividades criminales antes de su nombramiento como secretario de Seguridad de Tabasco. Esa afirmación ha sido utilizada para exigir explicaciones al exdirector del CNI, aunque públicamente no está acreditado que Martínez haya ocultado deliberadamente los reportes.
El punto central, por ahora, está en un documento que sí existe y lleva su firma.
Audomaro Martínez decidió que la información patrimonial de quienes integraban el aparato de inteligencia permaneciera fuera del escrutinio público durante cinco años.
Ante los contratos obtenidos por empresas relacionadas con su entorno familiar y las investigaciones posteriores sobre corrupción y contrabando de combustibles dentro de estructuras federales, la pregunta es legítima:
¿Qué protege realmente la reserva del CNI?
Si la información patrimonial no revela operaciones sensibles de inteligencia, existe una discusión pública pendiente sobre por qué no pueden elaborarse versiones públicas que protejan únicamente los datos cuya difusión represente un riesgo.
El candado impuesto por Martínez Zapata vence en 2029.
Hasta entonces, salvo que una autoridad ordene su apertura, buena parte del patrimonio declarado dentro del organismo que debía detectar amenazas, corrupción y redes criminales seguirá fuera de la vista pública.
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