Culiacán, Sin. – La violencia contra las fuerzas del orden en Sinaloa ya no es una estadística: es un síntoma crudo del colapso institucional en materia de seguridad. Con más de cuarenta ataques mortales contra policías en apenas diez meses, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que las investigaciones se dividen en dos hipótesis: venganzas del crimen organizado o represalias por actuaciones deshonestas dentro de los cuerpos policiacos.
Durante su rueda de prensa semanal, el mandatario estatal fue cuestionado por el más reciente atentado contra José Carlos “N”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien fue emboscado a balazos el domingo por la noche. El ataque dejó a José Carlos herido, pero también provocó la muerte colateral de una mujer, identificada como Efigenia “N”, presuntamente esposa de un militar, quien recibió una bala perdida en el pecho.
“No tenemos pruebas de que haya corrupción dentro de las corporaciones, pero cada caso tiene sus características y deben investigarse a fondo”, sostuvo Rocha, en un discurso que intenta equilibrar la narrativa, pero sin ofrecer resultados concretos.
La impunidad como denominador común
El ataque se suma a una ola de ejecuciones, emboscadas y atentados directos contra elementos de seguridad municipales, estatales y federales. De acuerdo con datos oficiales, al menos 40 agentes han sido asesinados en menos de un año, sin que hasta el momento se tenga claridad sobre quiénes son los autores intelectuales ni si hay un patrón criminal estructurado.
En esta ocasión, el comandante atacado fue emboscado en el Malecón Viejo, zona urbana cercana al zoológico de Culiacán, cuando recién había terminado su turno. Tras la agresión, se desplegó un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Hubo persecución, intercambio de fuego… y huida de los atacantes, sin detenciones.
La mujer víctima del fuego cruzado, Efigenia “N”, fue trasladada aún con vida por paramédicos, pero murió poco después en un hospital de la capital sinaloense.
Dos hipótesis, cero certezas
Rocha Moya insiste en que cada caso tiene motivaciones distintas. Sin embargo, el hecho de que la única narrativa oficial sea que “pudo ser por cumplir con su deber o por corrupción interna” refleja no solo falta de líneas sólidas de investigación, sino una preocupante normalización del ataque sistemático a servidores públicos.
“Nos preocupa el número, nos ocupa el fondo”, declaró el gobernador, sin detallar si hay avances significativos en alguna de las más de cuarenta carpetas abiertas.
El crimen avanza, el Estado retrocede
Mientras los grupos criminales utilizan armas largas, drones, estrategias de infiltración y control territorial en zonas clave del estado, las respuestas del gobierno se reducen a comunicados, operativos reactivos y ruedas de prensa.
Lo ocurrido en Culiacán no es un caso aislado. Es la fotografía del deterioro estructural de la seguridad pública, donde policías caen sin respaldo, ciudadanos mueren por balas perdidas, y la justicia se pierde entre comunicados ambiguos y discursos sin consecuencias.
¿Cuántos policías más deben morir para que el Estado recupere su capacidad de respuesta?
¿Y cuántos ciudadanos más quedarán atrapados en el fuego cruzado?
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