“No puedo emitir opiniones de valor en un proceso de investigación, no me corresponde ni tengo la autoridad ni la facultad para hacerlo”. Esa fue la reacción de Rubén Rocha Moya tras los últimos hallazgos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación del asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, diputado federal electo y principal adversario político del actual gobernador. La FGR calificó como un “montaje” el video que difundió la fiscalía estatal, cercana a Rocha, sobre el crimen y afirmó que Cuén fue asesinado en la misma finca de Culiacán, la capital del Estado, donde fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada, tras ser citado a una reunión con ambos políticos en las horas previas a su captura en Estados Unidos. Después de que Zambada señalara en una carta que el político asesinado era su “amigo”, el mandatario aseguró que no sabía de la cercanía entre El Mayo y Cuén, pese a que llegó a ser uno de sus mayores aliados en la campaña de 2021 e integró su Gabinete en 2022. “No sabía de esa relación, nunca me platicó nada”, comentó Rocha, una vez más en el centro de la polémica, este lunes. Después de que las autoridades federales dieran por buenos todos los detalles que dio el narcotraficante sobre su propia detención, el principal cabo suelto sigue siendo la supuesta participación del gobernador en el encuentro. Él ha negado cualquier vínculo con el Cartel de Sinaloa.

“Nadie está excluido de ser investigado y citado sobre este tema”, señaló Rocha, en su conferencia de prensa semanal. El gobernador anunció el pasado 16 de agosto la renuncia de Sara Bruna Quiñonez, entonces fiscal general de Sinaloa, apenas un día después del anuncio de la FGR de que iba a atraer el caso. Esa misma semana, la Fiscalía estatal presentó un video para respaldar su hipótesis del asesinato de Cuén y asegurar que había muerto después de que dos sicarios se acercaron y le dispararon para intentar robar su camioneta. Todo fue un fiasco, de acuerdo con la FGR, que desde un inicio puso en duda la veracidad de las imágenes. En su último comunicado, publicado el domingo, las autoridades federales revelaron que encontraron rastros de sangre de la víctima en una finca del fraccionamiento Huertos del Pedregal. Se trata de los primeros indicios materiales presentados por el Ministerio Público para desmontar la teoría del robo y exponer que sus contrapartes de Sinaloa mintieron. Hubo también una rectificación del chófer de la víctima y testigo estrella de la Fiscalía estatal, quien reconoció que su primera versión no era, en realidad, lo que había sucedido.

Contra las cuerdas, Rocha afirmó que confiaba en el trabajo de las autoridades y esgrimió el mismo argumento que ha utilizado cada vez que ha sido cuestionado sobre el homicidio, que él fue quien pidió la intervención de la FGR al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. “No sé a quiénes podrán alcanzar o no”, dijo el gobernador sobre las investigaciones y el reparto de responsabilidades entre los funcionarios estatales. Las autoridades federales anunciaron desde hace más de un mes que se iba a llamar a declarar y, en su caso, ordenar la captura de quienes estuvieron involucrados en el montaje. En este último boletín, sin embargo, los fiscales acusaron trabas de un juez para emitir las órdenes de aprehensión correspondientes. No se ha responsabilizado hasta ahora a ningún empleado sobre los errores y omisiones que se cometieron durante la investigación en los días que siguieron al crimen.

La propia FGR ha hablado de llamar a cuentas a policías, peritos y otros funcionarios. Rocha no hizo una defensa de Quiñonez, designada diez días después de que él tomó posesión como gobernador, pero sí rechazó la idea de que su sustituta, la entonces vicefiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, deba dejar el cargo. “Tengo entendido que ella no participó en las investigaciones”, dijo el político de Morena, el partido gobernante. La presidenta, Claudia Sheinbaum, insistió en que la FGR es autónoma y dijo que mantenía contacto con Rocha, “como con los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de Ciudad de México”. Aunque López Obrador y Sheinbaum han hecho público su respaldo al mandatario de su partido, esta vez no hubo mayores comentarios tras las últimas revelaciones de la Fiscalía.

Mientras resurge la polémica alrededor del asesinato de Cuén a la sombra de otro escándalo, la inesperada captura de Zambada, la violencia no da tregua a Sinaloa. Los hombres de El Mayo y Los Chapitos libran una guerra abierta desde el pasado 9 de septiembre por el control del Cartel de Sinaloa, que ha dejado más de un centenar de muertos y decenas de secuestros, robos y bloqueos en las últimas semanas. La fractura dentro de la organización criminal también está estrechamente ligada a los hechos del pasado 25 de julio y a la traición de los hijos de El Chapo contra su antiguo socio.

“Todavía hay violencia”, reconoció Rocha, también cuestionado por amplios sectores de la población por minimizar la violencia. “La única manera de combatir la inseguridad es reconocerla en su nivel, ni maximizarla ni minimizarla”, matizó. Tan solo este fin de semana hubo nueve asesinatos, según cifras oficiales. En pleno aumento de la inseguridad, las dudas sobre la caída del jefe criminal del Cartel de Sinaloa y el homicidio de uno de los políticos más poderosos del ámbito local siguen retumbando en Sinaloa. El gobernador sostiene que no estaba en el Estado el día que lo cambió todo.

FGR sostiene que Héctor Cuén fue asesinado en la finca donde “El Mayo” fue secuestrado

Este lunes el juez de control Alejandro Alberto Díaz afirmó que hace dos semanas que la FGR solicitó órdenes de captura por el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada, el ministerio público federal descartó que la sangre hallada en el lugar del plagio correspondiera a Cuén.

Con información del Pais y Proceso