El SCJN: Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abrio una investigación en contra del ministro en retiro y expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, por presuntos hechos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito en su puesto.
La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, dio la orden de comenzar con la averiguación formal en contra del ministro en retiro, esto a partir de una denuncia anónima que recibió el Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con la denuncia presentada, no solo Arturo Zaldívar está en el foco de atención, sino también se acusa a otros exfuncionarios allegados a él.
El documento, el cual exhibió el periodista Arturo Ángel en sus redes, señala que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, “vulnera autonomía independiente de titulares de órganos jurideccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
La decisión fue tomada por una denuncia anónima por hechos que se registraron entre 2019 y 2022.
La acusación revela que Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, ejerció presión contra otros órganos jurisdiccionales, es decir, presuntamente aplicó amenazas contra jueces para que resolviera a favor de sus intereses.
Por ello, se dio paso a recabar los medios probatorios que sean necesarios para esclarecer “la existencia o no de una falta administrativa”.
Además, se estudiará la idea de que exista un vínculo con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que están señalados o cualquier otro exfuncinario que resulte implicado.
Según las investigación, figuran alrededor de 50 jueces y magistrados entre la lista de los involucrados, quienes supuestamente se encargaron de ser parte de algunos asuntos administrativos e incluso penales, pero al paecer como se les indicaba en el momento.
De acuerdo con el documento, la colaboración de Alpízar Salazar con algunos consejeros le dieron la oportunidad de “llenarse los bolsillos”, ya que se presume es dueño de ranchos, casas, autos, así como una jugosa suma de dinero.
La acusación revela que Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, ejerció presión contra otros órganos jurisdiccionales, es decir, presuntamente aplicó amenazas contra jueces para que resolviera a favor de sus intereses.
Por ello, se dio paso a recabar los medios probatorios que sean necesarios para esclarecer “la existencia o no de una falta administrativa”.
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