Criminales han asesinado en la madrugada de este lunes a Cristal García Hurtado, comandante de la policía estatal de Michoacán. Los sicarios emboscaron a la jefa policial cuando transitaba en su patrulla por la carretera que comunica Pátzcuaro con Uruapan. Los dos escoltas que la acompañaban han muerto igualmente asesinados. Medios locales han señalado que los criminales se ensañaron con los cadáveres de los agentes, que incluso habrían decapitado. Las autoridades no han confirmado este punto.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, ahora X, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha condenado el ataque: “Condenamos rotundamente el cobarde asesinato de nuestros compañeros Guardias Civiles, quienes, en cumplimiento del deber policial, fueron cruelmente atacados. Colaboramos para que la Fiscalía de Michoacán realice las actuaciones necesarias para dar con los responsables de manera pronta”. Hasta la tarde de este lunes, la Fiscalía no había informado del caso.
El ataque ha ocurrido entre dos de las poblaciones más importantes de Michoacán a nivel económico. Por un lado, Pátzcuaro es uno de los municipios más turísticos del Estado, catalogado como pueblo mágico. Por otro, Uruapan es la capital de la industria del aguacate, una de las más potentes de México, cuya producción en el Estado alcanza un valor de más de 30.000 millones de pesos cada año, unos 1.700 millones de dólares.
Se ignora el motivo del ataque. México experimenta las consecuencias de la atomización del crimen organizado, producto de la embestida estatal, iniciada durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La proliferación de grupos criminales fuertemente armados en buena parte del territorio, con capacidad para someter economías locales, sustituye el viejo paradigma, en que el crimen se asociaba al tráfico de drogas internacional. No es ya el narcotráfico, o no solo. Cualquier región del país que genere algún tipo de riqueza es susceptible de sufrir la ordeña criminal.
El asesinato de las agentes se entiende así como parte de la economía delictiva de un Estado, Michoacán, sometido a la violencia de diferentes actores desde hace décadas. Hace diez años, grupos de trabajadores y campesinos se alzaron en armas en el Estado para exigir un alto a la delincuencia, caso particular de los Caballeros Templarios. Los grupos de autodefensas parecieron contener al crimen, pero con el tiempo acabaron por asimilar aquello contra lo que habían peleado. Lo que queda de las autodefensas ahora es parte del panorama delictivo, en que campan además restos de los Templarios, grupos presuntamente asociados al Cartel Jalisco Nueva Generación, y organizaciones locales, con una alta capacidad de fuego.
En un contexto así, policías y agentes del Estado en general suelen ser objetivo de la delincuencia. A principios de mes, criminales asesinaron al menos a tres militares en Tepalcatepec, región de Tierra Caliente. Los atacantes soltaron bombas caseras desde drones a los soldados. Según la cuenta del Proyecto Azul Cobalto, que monitorea y sistematiza ataques mortales contra policías en México, al menos 54 agentes han sido asesinados en el Estado durante la actual administración, encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, que inició su mandato en octubre de 2021.
Los ataques contra policías y militares trascienden a Michoacán: son un drama que comparten la mayoría de Estados. Según la organización Causa en Común, que realiza un conteo parecido al de Azul Cobalto, solo este año ya van 59 asesinatos. La mayoría han ocurrido en Guanajuato, con 19, mención especial para la policía municipal de Celaya, el Estado de México, con siete, y Baja California y Jalisco, con cinco cada uno.
Con información de el país
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