Ciudad de México.- En Tamaulipas, el horror de las desapariciones forzadas se ha convertido en un negocio próspero y macabro, alimentado por la corrupción y la avaricia desenfrenada. Bajo la sombra de la impunidad, el negocio de las fosas ha florecido durante la gestión de Villarreal Anaya, sumiendo a miles de familias en la agonía de no saber el destino de sus seres queridos. Sin embargo, las oscuras manos de la corrupción han encontrado oportunidades lucrativas incluso en medio del dolor más profundo.
La Fiscal Elizabeth Almanza Ávalos y su actual pareja, José Manuel Pérez Lugo, han identificado un nicho de oportunidad en el sufrimiento y la sangre de los tamaulipecos, explotando la miseria humana en busca de ganancias. Mientras las víctimas de desapariciones forzadas y los buscadores luchan incansablemente por justicia y verdad, Almanza se enriquece desmedidamente. Sus prácticas corruptas han llegado a niveles espeluznantes.
La figura de la «Lady Me Vale Madre», como se le conoce en los pasillos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, se erige como un símbolo de desprecio hacia la ética y el deber. Escándalos sexuales y casos de corrupción son su firma, alimentando el crecimiento del negocio de su esposo. Más de diez vehículos de transporte, incluyendo Didi y Uber, ahora están bajo su propiedad. Pero su avaricia no se detiene ahí. Incluso su Tahoe del año ha sido manchada por el procesamiento de cadáveres en panteones, generando ganancias de la muerte en lugar de la justicia que debería perseguir.
No contenta con sus riquezas corruptas, Almanza muestra una crueldad inaudita al financiar sus gustos caros a expensas de los colectivos de búsqueda, llegando al extremo de costear tratamientos dentales para José Manuel a través de fondos destinados a la búsqueda de desaparecidos.
En un giro desgarrador, José Manuel, un hombre en posición de autoridad y supuesto protector de la ley, se ha convertido en el cómplice de esta red corrupta. Manipulando su posición de poder, se involucra en la compra de vehículos de transporte, favoreciendo a su hermano Pedro Ignacio, con un empleo administrativo de alto sueldo dentro de la misma Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición, a pesar de no superar pruebas de confianza. Una corrupción que se entrelaza con los hilos de su entorno, sin embargo ellos mismos dicen «Irving no la pela, no me puede correr porque le tumbo su teatro» en referencia al Fiscal General del Estado Irving Barrios Mojica.
Los colectivos de búsqueda alzan la voz ante el modus operandi oscuro de la fiscal. Exponen su táctica de retener fondos destinados a exhumaciones, reportando más cuerpos de los que realmente asisten a las operaciones y desviando recursos en su beneficio personal. La siniestra manipulación de las estadísticas oculta una verdad dolorosa: los cuerpos en espera de identificación languidecen en el SEMEFO, víctimas de una administración que prioriza ganancias sobre cierres dignos.
Mientras los tamaulipecos siguen clamando por justicia y el fin del sufrimiento, este relato denuncia una cadena de corrupción que ha devorado la integridad y la humanidad de aquellos encargados de velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad.
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