La fragmentación de los cárteles de drogas, una consecuencia directa de la «guerra contra las drogas» implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, ha desatado una alarmante proliferación de grupos delictivos en el territorio mexicano. Un estudio exhaustivo de seguridad llevado a cabo por AC Consultores ha sacado a la luz una realidad que resulta inquietante y reveladora: en 6 de cada 10 municipios gobernados por la marca política Morena, existe la presencia de al menos un grupo delictivo, lo que pone de manifiesto una situación preocupante en términos de seguridad y control del crimen organizado.
La atomización de los cárteles ha llevado a disputas sin precedentes, incluso en las zonas más densamente pobladas. En lugares como Ciudad Juárez, Tepalcatepec, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, se ha registrado la operación de más de 10 bandas criminales que compiten violentamente por el dominio del comercio de drogas ilícitas. Este fenómeno no solo representa una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos, sino que también ha contribuido a la alarmante cifra de homicidios dolosos que azotan al país.
El informe de AC Consultores, titulado «Presencia del Crimen Organizado en México», ofrece datos concretos y esclarecedores. En un total de 102 de los 2,471 municipios analizados, entre 15 y 5 células delictivas disputan el control del territorio, generando un constante escenario de enfrentamientos armados y violencia. Estas áreas, conocidas como los «polvorines» del narcotráfico, son responsables de una significativa proporción de los homicidios registrados en México.
En las zonas más afectadas, como Tepalcatepec, Michoacán, y Ciudad Juárez, la situación es crítica. Tepalcatepec, un pequeño municipio con apenas 24 mil habitantes, se ha convertido en un campo de batalla para al menos 15 grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y otros. La intensidad de los enfrentamientos ha llevado a la presencia constante del ejército en la región, pero la violencia persiste, mostrando la resistencia y la capacidad de adaptación de los grupos criminales.
La Ciudad de México no está exenta de esta problemática. Iztapalapa y Gustavo A. Madero se han convertido en puntos críticos de confrontación entre bandas delictivas, lo que ha resultado en miles de asesinatos en los últimos dos años y medio. El informe destaca que en la alcaldía Gustavo A. Madero se ha registrado la operación directa de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, contradiciendo las afirmaciones oficiales sobre la ausencia de presencia de cárteles en la capital.
La situación es igualmente grave en otros puntos del país, como Oaxaca, Mexicali y Ecatepec, donde operan múltiples organizaciones delictivas que imponen su ley y generan un ambiente de inseguridad y violencia constante.
Este fenómeno tiene consecuencias dramáticas. El informe señala que 80 municipios en México son considerados altamente peligrosos debido a los niveles de enfrentamientos y homicidios, lo que ha llevado al asesinato de 65 alcaldes en los últimos 4 años y medio. La situación no puede ser ignorada ni minimizada, ya que pone en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos y socava la legitimidad de las autoridades locales.
Es crucial abordar esta problemática de manera integral y con determinación. La presencia de grupos delictivos en un número tan amplio de municipios es un llamado de atención urgente. La estrategia de combate al crimen organizado debe ser revisada y reforzada para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. El fenómeno de la fragmentación de cárteles y la proliferación de grupos delictivos no debe subestimarse ni politizarse. La prioridad debe ser la protección de los ciudadanos y la erradicación de la violencia que está devastando comunidades enteras.
Los datos y las estadísticas presentados en el informe de AC Consultores no pueden ser ignorados ni minimizados. La presencia del crimen organizado en México es una realidad innegable, y es necesario que se tomen medidas concretas y efectivas para enfrentar este desafío. La seguridad de los ciudadanos está en juego, y es responsabilidad de las autoridades y de la sociedad en su conjunto abordar esta problemática de manera decidida y comprometida. No podemos permitir que más vidas sean afectadas por la violencia desencadenada por estos grupos criminales.
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