Tras la difusión de un video que pone en evidencia la ejecución extrajudicial de al menos un civil herido por parte de militares desplegados en Nuevo Laredo, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a autoridades llevar a cabo una investigación sobre “el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas armadas” con los más altos estándares de internacionales.
El organismo también valoró positivamente las declaraciones reprobatorias de los hechos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó esclarecerlos.
Sobre los hechos ocurridos en Nuevo Laredo el 3 de julio, la ONU-DH resaltó que, de los 12 civiles fallecidos durante el operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al menos tres eran víctimas de secuestro.
“Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Sedena son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones a derechos humanos”, apuntó la ONU-DH.
La representación diplomática puntualizó que las imágenes difundidas por el diario El Universal reflejan “la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo establecen la Constitución mexicana y los principios internacionales”.
Consideró que una investigación “pronta y efectiva” de los hechos ocurridos en Nuevo Laredo “puede romper con prácticas que en el pasado obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares”, de ahí que la ONU-DH alentó a la Fiscalía General de la República (FGR) “a conducir la investigación del caso en apego a estándares internacionales, de manera que se esclarezcan totalmente los hechos”.
Recordó que las indagatorias tendrán que tomar en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, de manera particular la del Caso Alvarado, relacionada con la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado de Chihuahua en 2009 atribuida a integrantes de la Sedena en funciones de seguridad pública.
La ONU-DH recomendó a la FGR iniciar investigaciones de oficio y “conducirse de forma imparcial, independiente y minuciosa a fin de determinar la naturaleza y origen de las violaciones, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento”.
Aunado a ello, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, deberá toma en cuenta en el caso de Nuevo Laredo, determinar si el uso de la fuerza letal por parte de los elementos de la Sedena “fue justificada y, de ser así, si su actuación se apegó a los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego”.
Para la ONU-DH será determinante que la investigación se conduzca “con transparencia, garantizando el derecho a la verdad de las familias de las víctimas y de toda la sociedad”, además de que debe “garantizarse el derecho a participar de los familiares de las víctimas y de sus representantes o acompañantes, incluida el respeto a su seguridad”.
La representación de la ONU reiteró su compromiso con el Estado mexicano para “la efectiva incorporación a los procesos de investigación de los estándares internacionales relevantes en la materia, así como en relación con las reformas institucionales necesarias para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos en México”.
Con información de Proceso
Descubre más desde México Rojo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
