En el caso Ayotzinapa “las irregularidades tenían nombre y apellido”: CIDH

“La situación fue de tal magnitud que lo que arroja es precisamente la intervención de altas autoridades del Ejército, de la política, de la policía y que amerita entonces retomar esas líneas de investigación que hoy ya están en la reorganización de esta unidad de la fiscalía… Ahora hay una identificación de que estas irregularidades tenían nombre y apellido, que fueron permitidas con nombre y apellido reconocidos”, afirma la comisionada Arosemena, relatora de la CIDH para Guatemala, México y Venezuela.

Señala que tiene que desarrollarse “un nivel de una línea de investigación de exactitud y precisión por parte de los expertos para lograr precisamente que el silencio se rompa y que podamos saber la real verdad”.

La comisionada indica que algunos integrantes del GIEI original y de la CIDH tuvieron acercamientos con el gobierno mexicano para llevar a cabo la reinstalación del GIEI, a solicitud de padres y madres de los normalistas, con fundamento en la medida cautelar 09/14 dictada por la CIDH para la determinación del paradero de los estudiantes y que continúa vigente.

Desde entonces, explica Arosemena, se llegó a un plan de trabajo para entablar comunicación con la FGR y se logró llegar al acuerdo anunciado los primeros días de mayo.

Los trabajos del GIEI durarán nueve meses, con posibilidad a extenderse, pero en los primeros tres meses tendrán que emitir un informe de su plan de trabajo.

El primer GIEI se creó por un acuerdo entre la CIDH, representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano en noviembre de 2014, a fin de proporcionar asistencia técnica para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, así como en las acciones para sancionar a los responsables.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto el GIEI emitió dos informes en los que se desmintió la llamada “verdad histórica” ofrecida por la entonces Procuraduría General de la República, que señalaba que los estudiantes habían sido llevados a un basurero en el municipio de Cocula y fueron quemados. Un acto que nadie vio y del que no hubo evidencia científica.

Señaló irregularidades en la investigación, como la alteración de evidencias por parte de Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien supuestamente encontró restos óseos de los normalistas en una diligencia realizada en el río San Juan, en Cocula.

El gobierno de Peña Nieto impidió a los integrantes del GIEI entrevistar a elementos del 27 Batallón de infantería del Ejército y que presenciaron los hechos.

Además, fueron blanco de espionaje a través de la instalación del software Pegasus en sus celulares, y el trabajo de los expertos fue desacreditado por funcionarios federales.

Más de 77 de las 142 personas detenidas por el caso Ayotzinapa han sido puestas en libertad, debido a que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, o por falta de evidencias o fallas en el debido proceso.

A casi seis años de los hechos y con tales vicios en el proceso, Arosemena habla de la importancia de reorganizar las investigaciones con objetivos más exactos para llegar a la verdad.

Indica que hay mucha información que puede conducir nuevamente a los investigadores a desarrollar “una línea muy clara de a dónde, a quién y cómo hacer la investigación que correspondiera para aclarar los hechos”, y que hay beneficios de ley para lograr que hablen quienes saben lo que realmente ocurrió.

“Hay muchas personas que tienen información, conocimiento de qué sucedió. Nosotros siempre establecimos como un punto para la investigación esto de la justicia premiada, que se le den algunos beneficios a personas implicadas que puedan dar los datos exactos de los sucesos y que ayuden de una manera importante a obtener la verdad. Eso es factible en los sistemas penales. En el derecho procesal penal hay esta figura precisamente para asegurarle al investigador alguna fórmula, algún camino de encontrar la verdad aun en circunstancias tan complejas y tan difíciles como las del caso Ayotzinapa.”

El Ejército

Uno de los principales obstáculos en las investigaciones del GIEI durante el gobierno de Peña Nieto fue el blindaje a elementos del Ejército, así como el bloqueo para tener acceso a bitácoras, material de video y fotográfico del C-4 en manos de sus elementos y saber cómo fue la toma de decisiones la noche del 26 al 27 de septiembre.

Arosemena confía en que ahora será diferente a pesar del trato preferencial que ha dado el actual gobierno al Ejército:

“Confiamos que sea así y que… la fiscalía especial y los expertos identifiquen estas diligencias que tendrán que irse desarrollando a través de estos meses de trabajo. Y que, si bien sabemos que hay algunas limitaciones con este tema de la pandemia, se puedan buscar algunas fórmulas para el desarrollo de este trabajo. Y lo importante es que esté planificado para que se vaya desarrollando a medida que esto sea factible. Y que de no ser factible podamos tener inmediatamente la información de obstáculos que se pudieran dar en la investigación”.

Se parte –dice– de la premisa de que los padres de familia alcanzaron un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la confianza de que el GIEI tiene elementos muy bien identificados y que ahora hay una puerta abierta.

López Obrador le ha dado al Ejército y la Marina un papel destacado en áreas de la administración pública para las que no está diseñado. Para Arosemena, estas medidas se comprenden en contextos de grandes crisis de tipo social, económica o política, pero las medidas de seguridad que se tomen siempre deben ser proporcionales a la finalidad que se persigue.

La relatora se muestra optimista ante esta nueva etapa del GIEI y asegura que ahora se tienen más ventajas, entre ellas que el sistema judicial mexicano ha reconocido las irregularidades en la investigación y está dispuesto a continuar hasta conocer la verdad.

“Por supuesto, seis años después se hace muy compleja la situación, pero hoy existe una fuerza, una voluntad y un compromiso. Este es un caso que no sólo representa para México un reto. Representa para el sistema judicial de América mostrar transparencia, confianza, credibilidad, porque la gente pone en las manos de la justicia precisamente el reclamo de los derechos, y le corresponde al país, le corresponde al sistema dar una respuesta”.

* +de 43 es una alianza entre Altavoz Radio e Ibero 90.9, se transmite cada jueves en ambas emisoras a las 14 horas y busca dar voz a los familiares y víctimas del caso Ayotzinapa, así como fomentar el respeto de los derechos humanos.

Con información de Proceso