Su defensa asegura que está en riesgo la vida de Miguel Ángel Treviño y la autoridad se niega a practicar examen de covid-19.
Un juez federal ordenó brindar atención médica de inmediato al líder absoluto de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, luego de que su defensa aseguró que está en riesgo su vida y que las autoridades se han negado a practicarle la prueba de covid-19.
El Z40 está a punto de cumplir siete años preso y está interno en el penal de máxima de seguridad de Puente Grande, Jalisco.
La demanda de garantías fue promovida por el abogado Víctor Hugo López Ramírez, quien reclamó la omisión de proporcionar a su cliente la atención médica urgente “aun y cuando está en riesgo su vida”.
Ante esta situación, Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, concedió la suspensión de plano.
“Se ordena a las responsables (director del Centro Federal de Readaptación número 2) que de inmediato realice las gestiones necesarias para proporcionar al inconforme la atención médica; en la inteligencia que si de acuerdo a la valoración por el área correspondiente se estima necesaria la práctica de la prueba respecto del SARS CoV-2 (covid-19) la realicen de inmediato” indica su acuerdo.
El juzgador dejó claro a las autoridades que en caso de violar la suspensión, esto representa la comisión de un delito.
En su resolución, Zabalgoitia Novales manifestó que declina competencia para seguir conociendo el asunto, por lo que el caso debe recaer en manos del juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, debido a que El Z40 está interno e la prisión de Puente Grande.
El Z40 es considerado por las autoridades mexicanas y estadunidenses como el capo más sanguinario que ha operado en México, quien logró obtener el control del cártel antes de la muerte de su antecesor Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 7 de octubre de 2012, en Sabinas, Coahuila.
Se le vincula con el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ocurrido el 3 de octubre de 2012, en venganza por el abatimiento de su sobrino Alejandro Treviño Sánchez por parte de policías estatales.
De acuerdo con investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), es responsable de ordenar el secuestro y asesinato de 265 migrantes, cuyos cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
México ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos por información que condujera a su captura, mientras que Estados Unidos le puso un precio a su cabeza de 5 millones de dólares.
Con información de Milenio
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