La reunión entre el Fiscal General de los Estados Unidos, William P. Barr, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marcó la discusión de más alto nivel sobre una cuestión de desacuerdo entre ambas naciones. ¿Deberían designarse los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas?
El fiscal estadounidense llegó a México más de una semana después que el presidente Donald Trump revelara en una entrevista su plan de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
Por décadas, Estados Unidos ha trabajado con México para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Estados Unidos incluso ha cooperado para el desarrollo de la estructura del aparato de seguridad de México.
No obstante, con Trump y López Obrador, esta dinámica de cooperación es más complicada que nunca, sostuvo Kevin Sieff, jefe de la oficina del Washington Post para México y Centroamérica.
López Obrador ha rechazado por mucho tiempo una estrategia de seguridad que implique una mayor militarización de México. Actualmente impulsa una serie de programas sociales con el objetivo de disuadir a los ciudadanos a unirse al crimen organizado.
En contraste, Donald Trump ha estado hablando sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles desde que asumió el cargo en 2016. Una semana después de tomar protesta, el magnate le dijo al entonces presidente Enrique Peña Nieto: “Tienes algunos hombres bastante duros en México con los que puedes necesitar ayuda y estamos dispuestos a ayudarte con esa gran liga”.
Después de la reunión del jueves, ambas partes minimizaron la disputa sobre la designación terrorista, lo que podría tener implicaciones para la participación de la seguridad de Estados Unidos en México.
“Buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Como abogado comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. De este modo siempre podremos trabajar juntos“, manifestó López Obrador por medio de su cuenta de Twitter.
Buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Como abogado comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. De este modo siempre podremos trabajar juntos pic.twitter.com/rR37JoBgZA
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 5, 2019
Estados Unidos no ha sido claro sobre cómo una designación de terrorismo cambiaría su trabajo actual con México.
“Lo que estamos buscando hacer es poner al servicio del gobierno de México todas y cada una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para cooperar en el desafío de seguridad compartida que plantean las organizaciones de narcotraficantes“, comentó Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto de Estado de EE.UU. para Centroamérica, en una rueda de prensa el pasado miércoles.
Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México en diciembre de 2018 y prometió poner fin a la asistencia de seguridad de Estados Unidos, que dependía de los programas militares.
“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo. Porque eso no ha funcionado. No queremos cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo”, comentó López Obrador sobre el proyecto bilateral, que ha destinado más de 1.6 mil millones de dólares en fondos estadounidenses para entrenar y equipar a las fuerzas mexicanas.
A principios de esta semana, antes de la reunión con Barr, López Obrador dijo que estaría dispuesto a detener el flujo de dinero y armas de los Estados Unidos que fortalece a los cárteles de droga.
“Dos temas que deben discutirse son la introducción de armas y dólares, y por supuesto drogas”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina el miércoles. “Debe haber cooperación en esos temas”.
Sin embargo, el presidente mexicano hizo una señal de lo que no permitiría al mencionar la Operación Rápido y Furioso, que consistió en la venta deliberada de armas a compradores ilegales, con el objetivo de rastrear el armamento que llegaría a los líderes de las organizaciones criminales en México para arrestarlos.
“Fue una violación flagrante de nuestra soberanía”, comentó López Obrador al respecto.
La cuestión sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles mexicanos resurgió en noviembre cuando nueve mujeres y niños estadounidenses, miembros de las familias LeBarón y Langford, fueron asesinados en Bavispe, Sonora.
Desde ese momento, los familiares de las víctimas han expresado las debilidades en la política de seguridad de López Obrador y la posibilidad de que Estados Unidos aumente su cooperación.
Las autoridades mexicanas han realizado tres arrestos por este caso e invitó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense a ayudar en la investigación.
La familia de las víctimas insiste en que se trató de un ataque directo contra la comunidad, mientras que el gobierno sostiene que se trató de un error.
Expertos sostienen que si Estados Unidos sigue adelante con la designación terrorista, López Obrador probablemente tendrá que aceptar una mayor participación de Estados Unidos en los asuntos de seguridad de México.
Como un socio comercial de impirtancia, EE.UU. tiene una influencia significativa en la relación bilateral con México en materia de seguridad.
Actualmente, México, Estados Unidos y Canadá se encuentran en las últimas etapas de negociación del T-MEC, pacto que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“Incluso si la designación no ocurre, la discusión entre Barr y el gobierno mexicano aún conducirá a mayores niveles de militarización, y ese es el enfoque que Andrés Manuel no quería”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de George Mason University y experta en temas de seguridad en México.
“Lo que podría suceder es que dirá: ‘Sí, la Iniciativa Mérida ha terminado, pero se lanza un nuevo plan o iniciativa con un nombre estadounidense’”, agregó.
Por medio de un comunicado, el Gobierno de México dijo que ambos países “acordaron fortalecer el Grupo de Seguridad de Alto Nivel Estados Unidos-México, integrado el 27 de agosto, con el objetivo de combatir el crimen organizado y el crimen que opera a través de las fronteras”.
No obstante, muchos en México están preocupados por una intensificación de los esfuerzos de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico. En la última década, dicho enfoque ha llevado a la división de grupos armados y un aumento de la violencia.
“El riesgo es que podríamos profundizar en una falsa comprensión del conflicto y tomar medidas equivocadas para enfrentarlo”, dijo Falko Ernst, analista senior del International Crisis Group.
“Trump parece creer que existe una amenaza claramente delimitada que podría eliminarse por medios militares, pero de hecho hay una amenaza altamente fragmentada cuyos límites con el Estado son muy porosos“, manifestó.
Con información de Washington Post
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