En el año 2010, el estado norteamericano de Arizona expidió la famosa y controversial Ley SB1070 que pretendía criminalizar a los inmigrantes indocumentados que entraran a su territorio. Dicha legislación autorizaba a la policía para detener en a cualquier persona que por su mera apariencia física pudiera ser sospechoso de ser un inmigrante ilegal, aun cuando pudiera tratarse de residentes legales o incluso de ciudadanos estadounidenses.
La entonces gobernadora estatal, la republicana Jan Brewer impulsó su entrada en vigor a pesar de las críticas, argumentando que la misma era en beneficio de la seguridad interna de su estado. Uno de sus principales impulsores y encargado de aplicarla fue el famoso sheriff Joe Arpaio, conocido por su ideología racista y por su dureza en el trato en contra de los inmigrantes.
En México, las reacciones en contra de la citada ley fueron inmediatas y desde el gobierno de Felipe Calderón pasando por todos los partidos, entonces de oposición, se señaló el carácter discriminatorio e inhumano de la norma y hubieron manifestaciones en contra de la misma en ambos lados de la frontera.
Si bien la Ley SB1070 fue impugnada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y el entonces presidente Barack Obama se opuso firmemente a su aplicación, una parte de la misma sigue vigente aunque matizada y de alguna forma “descafeinada” gracias a la presión de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos a legisladores miembros del Partido Demócrata.
De cualquier modo, la norma, aunque criticada, dio pie a que posteriormente se emitieran leyes similares en estados no fronterizos como Alabama, Georgia y Utah y también a que Donald Trump, quien a la postre fue elegido como presidente, utilizara el tema de la inmigración ilegal como uno de sus principales argumentos de campaña y actualmente de nuevo como pretexto para atacar y literalmente extorsionar a México, como bien sabemos.
Ante el amago latente de aplicar aranceles a la exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, el gobierno del presidente López Obrador negoció la suspensión de la medida unilateral, a cambio de apostar a seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país buscando frenar la entrada de los miles de centroamericanos que buscan llegar al norte y que hasta hace poco tiempo habían visto en las nuevas autoridades mexicanas a un aliado para sus propósitos.
La creación de una muralla humana que frene la migración hacia los Estados Unidos acabó siendo un triunfo para Trump, al tiempo que una victoria pírrica para la diplomacia mexicana que pudo poner en suspenso lo que sin duda sería el inicio de una guerra comercial en la que seguramente cargaríamos con la peor parte.
Lo más triste de todo, es que sin necesidad de crear nuevas leyes en México, las autoridades del Instituto Nacional de Migración, con el apoyo de la Policía Federal y de la nueva Guardia Nacional se han dedicado en los últimos días a aplicar contra los indocumentados centroamericanos que arriban a nuestro territorio, medidas igual o aun más severas que las de la famosa Ley de Arizona SB1070.
De acuerdo a diversas protestas ciudadanas y a las noticias que han circulado tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, las fuerzas mexicanas del orden se han introducido en restaurantes, hoteles, terminales de autobuses y hasta en domicilios particulares en busca de indocumentados para arrestarlos, enviarlos a centros de detención y posteriormente deportarlos sin más trámites.
Las visas humanitarias y oportunidades de trabajo que hasta poco se estaban ofreciendo son ahora cosa del pasado.
Algo similar está ocurriendo en la frontera norte, en donde elementos de la Guardia Nacional mexicana han sido desplegados en los márgenes del río Bravo para impedir que quienes llegan hasta ese punto puedan cruzar hacia el lado estadounidense.
Desde luego y con cierto grado de razón, habrá quien argumente que lo que se está haciendo es simplemente aplicar la ley como debió haberse hecho siempre. Sin embargo, la cruda realidad de la intimidación del gobierno de Trump ha provocado que el nuestro haya tenido que tragarse sus palabras y tengamos que hacerles el trabajo sucio, amén de recibir a los cientos de deportados que a diario son detenidos por la patrulla fronteriza norteamericana y puestos de nuestro lado de la frontera.
No sería de extrañarnos que en poco tiempo tengamos que atestiguar el emplazamiento en territorio mexicano de gigantescos campos de refugiados como los que no hace mucho se instalaron en Europa ante las oleadas de inmigrantes sirios. Estamos ante la puertas de una crisis humanitaria de grandes proporciones y ante la triste realidad de que no contamos con recursos suficientes para enfrentarla. (Con información de elmananerodiario)
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