CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) mantiene abiertas carpetas de investigación ante denuncias de comerciantes que presuntamente son obligados a adquirir insumos y productos con proveedores específicos bajo presiones y coacción.
El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que las autoridades indagan si este esquema de compras forzadas está vinculado a actividades de la delincuencia organizada. La institución trabaja actualmente en identificar a los responsables y determinar la magnitud de esta modalidad de extorsión en la entidad.
Ante este panorama, la FGJT exhortó a los dueños de negocios e integrantes del sector comercial a documentar cualquier intento de amenaza o presión que busque restringir su libertad proveedora, así como a presentar la denuncia correspondiente de manera inmediata.
Falta de personal impacta el avance de las investigaciones
Por otra parte, la efectividad en el combate a la delincuencia y el desahogo de carpetas se han visto frenados por un marcado déficit de personal operativo e investigador dentro de la institución.
De acuerdo con el fiscal Govea Orozco, la fiscalía opera actualmente con menos de 400 agentes del Ministerio Público y aproximadamente 900 policías investigadores, cifras notablemente inferiores a la fuerza laboral requerida para atender la carga de trabajo actual.
La meta institucional es alcanzar al menos 600 ministerios públicos y 1,500 elementos de investigación en los próximos años.
El rezago se ha profundizado por diversos factores, entre ellos:
Bajas y suspensiones: Licencias médicas, procesos de jubilación e incapacidades temporales.
Depuración institucional: La baja de personal tras no acreditar los exámenes de control y confianza.
Tan solo durante el presente año, alrededor de 15 agentes del Ministerio Público han dejado sus cargos.
El titular de la FGJT admitió que esta escasez de plantilla ha ralentizado el ritmo de las investigaciones en curso. Sin embargo, adelantó que la institución se prepara para lanzar nuevas convocatorias y programas de formación policial con el objetivo de fortalecer su estructura operativa de forma paulatina en un plazo de dos años.
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