No es una historia de percepción, sino de documentos. La Plataforma Nacional de Transparencia, ubica dos contratos otorgados por la Fiscalía de Tamaulipas a CAMSA en noviembre de 2025. El problema es que esa misma empresa fue sancionada el 14 de abril de 2026 por la OFAC, que la señaló por presunto apoyo al Cártel del Noreste mediante operaciones vinculadas a los casinos Centenario y Diamante. El expediente no apunta al aire: apunta a decisiones tomadas dentro de la Fiscalía y a la permanencia de cuadros heredados actualmente de la gestión de Irving Barrios.
De acuerdo con la información difundida, en noviembre de 2025 la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas otorgó dos contratos por adjudicación directa a Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA). Uno fue por 882 mil 549 pesos para la adquisición de módulos LED y otro por 330 mil 020 pesos para una pantalla, para un monto conjunto superior a 1.2 millones de pesos. La documentación refiere que ambos instrumentos fueron firmados por Leobardo Catalán Torres, identificado al interior de la institución como operador cercano al exfiscal Irving Barrios y señalado en versiones internas como parte del grupo de funcionarios incorporados durante esa gestión para operar áreas clave de la Fiscalía.
El dato cobra especial relevancia por el momento en que se concretaron estas operaciones. Irving Barrios dejó el cargo el 14 de diciembre de 2025, por lo que los contratos quedaron formalizados dentro de una estructura que aún operaba bajo su mando y bajo la lógica administrativa construida durante su gestión.
Hoy el caso vuelve al centro del debate público luego de que la empresa involucrada fuera señalada y sancionada por autoridades estadounidenses, lo que obliga a revisar con detalle los procesos internos de contratación, validación y control dentro de la Fiscalía.
Más allá del impacto mediático, el asunto plantea preguntas concretas sobre la cadena de decisiones al interior de la institución: quién autorizó, quién firmó, quién validó y bajo qué criterios se permitió la contratación de esa proveedora. No se trata de un error abstracto ni de un hecho aislado, sino de actos administrativos con fecha, monto y responsables.
El caso también reabre el debate sobre la permanencia de funcionarios y operadores identificados con la gestión anterior, algunos de los cuales —según versiones internas— continúan dentro de la institución y conservan capacidad de influencia en áreas sensibles. Esa continuidad, advierten distintas voces, explicaría por qué la Fiscalía todavía arrastra inercias, cuadros y prácticas vinculadas al llamado barrianismo.
En ese contexto, la discusión ya no gira únicamente en torno a una empresa cuestionada, sino a la profundidad con la que realmente ha cambiado —o no— la estructura interna de la procuración de justicia en Tamaulipas.
Si la Fiscalía quiere cerrar el paso a la sospecha, no bastará con deslindes discursivos. Harán falta explicaciones públicas, revisión documental y, en su caso, responsabilidades administrativas o penales para quienes intervinieron en esas contrataciones.
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