Teuchitlán, Jalisco, 9 de julio de 2025 — En uno de los juicios más impactantes por delitos de desaparición forzada y homicidio en Jalisco, un Tribunal Colegiado dictó este martes una condena de 141 años y tres meses de prisión a cada uno de los diez hombres detenidos en el Rancho Izaguirre en septiembre del año pasado, además de imponerles una reparación del daño por 1.3 millones de pesos a cada uno.
La resolución marca el cierre de un proceso judicial que inició el 2 de abril, donde se presentaron 18 testimonios y se integraron múltiples pruebas materiales que responsabilizan a los acusados: Lennin “N” (también identificado como Kevin “N”), David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”.
Los hechos ocurrieron la noche del 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional respondieron a un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán. Al llegar al Rancho Izaguirre, los agentes fueron recibidos a tiros y tras un enfrentamiento lograron someter a los ocupantes. En el lugar se halló un cuerpo sin vida y se liberó a dos personas secuestradas, una de ellas un motociclista que, según la Fiscalía, había sido detenido previamente por policías de Tala y entregado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por estos hechos, tres policías de Tala están vinculados a proceso.
El tribunal determinó que los crímenes tenían agravantes, lo que justificó la severidad de la pena. La Fiscalía también ha señalado que algunos de los sentenciados están relacionados con otras cinco carpetas de investigación, ligadas a casos de víctimas que fueron engañadas con falsas ofertas laborales y llevadas al rancho, donde desaparecieron. En esos casos también se vincula al supuesto reclutador Eduardo Daniel “N”.
En total, suman ya 15 personas detenidas por el caso Rancho Izaguirre, incluyendo los 10 sentenciados, los 3 policías de Tala, el reclutador y José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, presunto jefe de la red de reclutamiento forzado del CJNG, capturado en la Ciudad de México.
Además, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco investiga a 12 funcionarios públicos por posibles omisiones tras el operativo de aseguramiento del rancho, que fue abandonado sin diligencias adecuadas, según denunció el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo. En esa visita encontraron ropa, restos humanos calcinados y objetos personales, evidencia de que el lugar no fue debidamente procesado por las autoridades.
La sentencia es considerada un precedente histórico en el combate a la desaparición forzada en Jalisco, aunque también deja al descubierto las graves fallas institucionales en la atención a este tipo de casos.
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