Ciudad de México. – Una investigación detallada saca a la luz una serie de acusaciones de corrupción que involucran directamente al actual alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. La adquisición de una aeronave 1990 Bombardier Learjet 31, con matrícula N31YA y valuada en un millón 200 mil dólares, se realizó a través de dos empresas factureras estadounidenses «JETHQ» y «ED SANTOS & ASSOCIATES LLC TRUSTEE», encabezada por Emilio Santos.
El jet, registrado a nombre del alcalde mediante terceros desde hace cuatro meses, ha generado suspicacias al revelarse que sus vuelos, según registros y declaraciones de fuentes administrativas del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, se concentran mayormente en rutas de lujo. Esto incluye un viaje de más de 14 horas de San Luis Potosí a Montevideo, Uruguay, en noviembre pasado. Este patrón de uso plantea serias interrogantes sobre la relación entre el jet y las obligaciones y responsabilidades de transparencia oficiales del alcalde.
La trama de corrupción se complica aún más con la revelación de desvíos millonarios de empresas factureras. Galindo Ceballos, señalado por beneficiar a Octavio Pedroza y exdiputados del Partido Verde Ecologista, enfrenta acusaciones de facturaciones duplicadas y desvíos de operadores, elevando la cifra a ganancias millonarias. Este tejido de corrupción pone de manifiesto la falta de ética y transparencia en la gestión municipal.
Las conexiones familiares también entran en juego, ya que Sebastián Galindo, hijo del alcalde, es avistado con frecuencia en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, realizando vuelos recreativos de más de 45 minutos. Estos eventos generan un aire de nepotismo y abuso de privilegios, minando la confianza de los ciudadanos en la integridad de la administración de Galindo Ceballos.
En medio de este escándalo, la ciudadanía exige una rendición de cuentas inmediata, transparencia en la gestión de recursos públicos y una investigación exhaustiva para determinar la legalidad de las acciones del alcalde. La sombra de la corrupción y el favoritismo amenaza con oscurecer la credibilidad de la administración local, exigiendo una respuesta contundente para restaurar la confianza de los ciudadanos.
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