Ciudad de México.- Derivado de una investigación, se han expuesto presuntas conexiones que señalan una red de corrupción en el estado de San Luis Potosí. Los protagonistas de este enredo, los operadores del ex alcalde panista, José Ramón Torres García, y el diputado Francisco Aguilar, se encuentran en el centro de un escándalo que involucra a presuntos prestanombres, entre ellos, Rodrigo Cruz Hernández y Verónica Cruz.
La trama se desenreda con diferentes empresas constructoras, una de ellas Drovolt, una entidad que ha llamado la atención de las autoridades y la ciudadanía debido a sus actividades en el ámbito de la construcción y sus relaciones con políticos de alto rango, por el desvío de más de 800 millones de pesos.
Rodrigo Cruz Hernández, asesor del diputado José Ramón Torres García, ha sido objeto de investigación debido a su participación en presuntas irregularidades relacionadas con Drovolt.
Esta compañía, fundada en 2017, ha estado en el centro de múltiples contratos otorgados por Torres García durante su administración, destacando un total de 68 obras ejecutadas en los últimos tres años. De estas, 41 se adjudicaron a Drovolt, 18 a Felipe Verástegui y 11 a José Luis Rodríguez. La sombra de la corrupción se cierne sobre estos contratos, con indicios de posible fraude y colusión.
La trama se complica aún más con la presunta participación de los hijos de José Ramón Torres García en estas maniobras. Detrás de estas triangulaciones para acaparar proyectos de alumbrado público, también se han identificado vínculos con ex funcionarios encargados de distribuir estas obras.
La gravedad de esta situación se acentúa al descubrir nombres involucrados en compras y adquisiciones irregulares. Entre ellos destaca Fernando Marcos García Barrera, un íntimo amigo del diputado Francisco Aguilar y del ex alcalde Torres García. A través de sus empresas, García Barrera ha facturado una variedad de artículos con precios inflados, incluyendo materiales de limpieza, juguetes, focos de Navidad, despensas, papelería, publicidad, lubricantes y combustibles. Gabriel Martínez, hijo del ex alcalde del mismo nombre, se benefició como vendedor de lámparas LED a precios significativamente elevados.
La trama se complica aún más con las sospechas de que Rodrigo Cruz Hernández actúa como amigo y prestanombres de uno de los hijos del ex alcalde Torres García.
La administración de José Ramón Torres García dejó pendientes 21 obras por finalizar. Estas obras serán supervisadas y auditadas, y aquellas que no cumplan con los estándares de calidad no serán liquidadas. Los hallazgos serán reportados a la Auditoría Superior del Estado.
La corrupción y el derroche de recursos por parte de esta red de operadores políticos son preocupantes, y es esencial que estas presuntas irregularidades sean investigadas a fondo. La sociedad merece respuestas y transparencia, y es crucial que se haga justicia en nombre de la ciudadanía que confió en sus líderes políticos.
La investigación también ha revelado vínculos con Verónica Cruz, quien está involucrada en la administración actual del Congreso, donde ambos figuran como asesores de algunos diputados del Acción Nacional, como Francisco Aguilar y el ex alcalde José Ramón Torres García. Estos hallazgos plantean interrogantes sobre el alcance de esta red de corrupción y la necesidad de una investigación exhaustiva.
Lo más inquietante es que, en medio de estas revelaciones, Francisco Aguilar busca un escaño en el Senado. Según algunas fuentes, se aprovechará de todos los recursos y empresarios corruptos que participaron en estos desvíos de la administración de Río Verde, San Luis Potosí. Además, existen dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, que la actual administración de Arnulfo Arrubiola presionará para investigar. La regidora Rosa María Huerta ha denunciado faltantes y obras inconclusas, mientras la legislatura actual ha aprobado las cuentas públicas a sí misma, lo que plantea interrogantes sobre la falta de criterio, legalidad y ética en este proceso.
Los desvíos más evidentes
Según la investigación de la actual administración de Rio Verde, el Departamento de Desarrollo Social, bajo la dirección de Daniel Nieto Caraveo (coordinador de servicios internos del Congreso), estuvo en el centro de atención debido a la revelación de manejos financieros cuestionables en la actual administración. Se descubrieron contratos millonarios caracterizados por significativos sobreprecios, lo que plantea serias interrogantes sobre la utilización de los recursos públicos.
Hilario Solano Vázquez, el actual coordinador de servicios internos del Congreso, protegiendo a su jefe, el actual diputado Ramón Torres, se vio obligado a realizar ajustes en el presupuesto. Inicialmente, se habían destinado 8 millones 622 mil 195.99 pesos para la ejecución de 5 obras, que incluían mejoras en viviendas, guarniciones, banquetas, pavimentación y mantenimiento de vehículos. Sin embargo, al identificar los costos inflados, Vázquez redujo los gastos a casi la mitad, lo que ha permitido la liberación de fondos que se utilizarán en la ejecución de 4 obras adicionales. De estas obras se benefició Francisco Aguilar mediante el prestanombres Rodrigo Cruz Hernández, familiar directo de Verónica Cruz, asesora del actual apuntado al Senado.
En resumen, de las 5 obras originalmente programadas, se llevaron a cabo 9 proyectos. Un ejemplo notorio de los sobreprecios incluye la planificación de guarniciones y banquetas en la segunda privada de San Salvador a la avenida Universidad, en el Puente del Carmen, con un costo inicial de 2 millones 68 mil 694.44 pesos. La estimación ascendió a un millón 235 mil pesos, revelando un sobreprecio de 833 mil 694.44 pesos, ya que se planeaba instalar adoquín para aumentar la plusvalía de las propiedades que pertenecen a Torres en esa área. Asimismo, se había programado la pavimentación de la calle Framboyanes con un costo de 1 millón 271 mil 182.55 pesos, el cual se redujo a 1 millón 155 mil pesos manteniendo los mismos materiales y dimensiones, de acuerdo a los contratos disponibles en transparencia y Compranet.
En lo que respecta al mantenimiento de vehículos de desarrollo social, Nieto Caraveo tenía previsto gastar 807 mil 912 pesos. No obstante, Vázquez redujo este gasto a más de la mitad, quedando en 423 mil 436 pesos. El presupuesto finalmente asignado para la partida fue de 384 mil 476.45 pesos.
Adicionalmente, se tomaron decisiones importantes, como la cancelación de 4 proyectos en los que Nieto Caraveo había planeado gastar más de 7 millones de pesos. Entre estos proyectos se encontraba la perforación de un pozo de agua potable en la comunidad de Palmillas, para el cual no se contaba con el permiso de la Comisión Estatal del Agua. Otro caso destacado incluía la pavimentación de la calle Jacarandas en el Puente del Carmen, donde se buscaba invertir 1 millón 381 mil 299.93 pesos, a pesar de que solo beneficiaría a dos propiedades: una casa y un salón de fiestas, propiedad de un familiar directo del actual diputado Ramón Torres.
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