Mazatlán, Sinaloa. – El presidente municipal de Mazatlán, Edgar González Zatarain, ha anunciado una preocupante situación financiera para el municipio. Según informes, se enfrenta a pagos millonarios por diversas demandas perdidas, que suman una impactante cifra de más de 540 millones de pesos.
Esta alarmante noticia ha generado gran inquietud tanto en Sinaloa como a nivel federal, debido a que las demandas parecen seguir la misma estrategia empleada por Luis Guillermo Benítez, exalcalde del mismo municipio, quien está siendo investigado por irregularidades en su función pública. Un ejemplo ilustrativo de esta problemática es el caso del pago de 146 millones de pesos que se realizó a Grupo Ahre por una gasolinera que nunca llegó a ser instalada.
Fuentes cercanas a la alcaldía de Mazatlán aseguran que se está trabajando rápidamente para cubrir el pago de 338 millones de pesos. No obstante, se señala la existencia de una presunta red de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en relación con estos pagos. Según trascendió, el demandante en cuestión es Martín Humberto Juárez Peraza, quien es socio de Melecio Montoya, actual tesorero municipal. La información pública del despacho MSG Consultores, que representa a Grupo Casamar, corrobora esta afirmación.
Es aún más preocupante descubrir que las resoluciones favorables que obligan al municipio a efectuar estos pagos fueron emitidas por Jesús David Guevara Garzón, magistrado de la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Lo sorprendente es que González Zatarain designó a Adda Sarahi Rosas como secretaria del Ayuntamiento y responsable legal del municipio, quien previamente se desempeñaba como secretaria del magistrado Guevara.
Este caso plantea serias interrogantes entre la población: ¿Cómo es posible que la persona encargada del área jurídica del municipio esté relacionada con quien sentenció a Mazatlán a pagar más de 500 millones de pesos? Esto ha llevado a sospechar que se trata de una simulación judicial, diseñada para apropiarse de los fondos municipales y perpetuar el enriquecimiento ilícito.
Ante estas graves acusaciones, los ciudadanos exigen una investigación exhaustiva y transparente que desenmascare cualquier acto de corrupción en el municipio de Mazatlán. Resulta imprescindible que se haga justicia y que los responsables de esta presunta red de tráfico de influencias sean llevados ante la ley.
En un momento en el que la confianza en las instituciones públicas está en juego, es fundamental que las autoridades actúen con determinación y transparencia para restablecer la confianza de los ciudadanos y salvaguardar el patrimonio municipal. Solo a través de una investigación rigurosa y la aplicación de las sanciones correspondientes se podrá enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada en Mazatlán.
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